Una controversia de alto impacto económico enfrenta al Ministerio de Obras Públicas (MOP) con la concesionaria responsable de la red hospitalaria Los Ríos–Los Lagos, conflicto que involucra las obras de los hospitales de La Unión, Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas, y que se origina a partir de hallazgos arqueológicos detectados durante la ejecución de los proyectos.
De acuerdo con una publicación de Diario Financiero, la sociedad concesionaria —integrada por el grupo mexicano GIA+A, Infraestructura Social Concepción y Eudora Concesiones Chile Uno— ingresó una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones, solicitando una compensación total de UF 1.148.000, equivalentes a más de US$49 millones, por retrasos y perjuicios económicos que, según la empresa, no estaban previstos en las condiciones licitadas.
Según detalló el medio especializado, el conflicto se remonta a noviembre de 2022, cuando durante las obras del Hospital de La Unión se detectaron fragmentos cerámicos y desechos líticos, situación que obligó a paralizar los trabajos. Un año después, se registró un hallazgo de características similares en el Hospital de Puerto Varas, profundizando el impacto del problema en la red concesionada.
La concesionaria sostuvo —según consignó Diario Financiero— que los antecedentes entregados por el Estado durante el proceso de licitación no permitían identificar la existencia de restos arqueológicos, lo que derivó en una serie de efectos colaterales, incluyendo retrasos significativos, descoordinaciones institucionales y perjuicios financieros que afectaron el desarrollo de los hospitales de La Unión, Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas.
En materia financiera, la empresa afirmó que fue necesario adoptar medidas especiales para mitigar el impacto de las paralizaciones, indicando que no pudo cerrar oportunamente una oferta de financiamiento recibida por el banco BCI en diciembre de 2022, debido —según expuso— a la falta de respuesta del MOP, lo que generó mayores incertidumbres para la continuidad del proyecto.
Otro de los puntos abordados en la presentación dice relación con la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales, la que fue calificada como “demorosa e irregular” en el caso del Hospital de La Unión, sumándose a problemas de coordinación con el MOP y a la realización de una consulta indígena, factores que —afirmó la concesionaria— prolongaron indebidamente la paralización de las obras y elevaron los riesgos del contrato de concesión en su conjunto.
Con estos antecedentes, la empresa solicitó ser compensada íntegramente por los perjuicios económicos derivados de los retrasos registrados en los hospitales de Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas, así como por la prolongada postergación de los trabajos en La Unión, la que —según argumentó— impactó negativamente a toda la red hospitalaria del sur.
El cronograma original contemplaba la puesta en servicio definitiva de las obras para noviembre de 2027, mientras que actualmente la entrada en operación se proyecta entre 2028 y 2029, dependiendo del hospital.
Desde el Ministerio de Obras Públicas, en tanto, señalaron que la Ley de Concesiones contempla instancias y mecanismos formales para la resolución de controversias contractuales, enfatizando que la discrepancia ingresada deberá ser analizada en dichas instancias, recordando además que el Panel Técnico de Concesiones es un órgano autónomo e independiente de las partes involucradas, tal como informó el citado medio.
