La reasignación de recursos no ejecutados del programa Asentamientos Precarios, que finalmente se destinaron a la expropiación del terreno de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, generó una fuerte reacción política y social en la Región de Los Ríos. Parlamentarios de distintos sectores, junto con comités de vivienda, expresaron preocupación por la existencia de fondos disponibles mientras persiste una alta demanda habitacional local.
La senadora María José Gatica (RN) fue una de las primeras en solicitar explicaciones, afirmando que “en mi región llevamos años escuchando promesas incumplidas, viendo cómo se pierden oportunidades y cómo miles de familias siguen esperando un hogar digno. Pero lo que hoy denuncio es aún más grave: el Serviu Los Ríos fue incapaz de ejecutar más de 36 mil millones de pesos que estaban destinados a proyectos regionales para 2025”.
En la misma línea, el senador Iván Flores (DC) criticó la continuidad de la subejecución regional. “No es primera vez que le sacan plata porque no se la gastaron, ya llevamos tres años con sub ejecución presupuestaria, y todavía no hay un llamado para el mejoramiento de viviendas, siempre había dos o tres al año y este no ha habido ninguno”, sostuvo.
A estas críticas se sumó el senador Alfonso De Urresti (PS), quien llamó a precisar el origen y destino de los fondos reasignados. “Es fundamental comprender el presupuesto asignado para el año 2025, conocer por qué hay fondos disponibles y por qué han sido reasignados. Si no se han gastado, ¿cuál es el motivo? La ciudadanía merece esa claridad para evitar generar incertidumbre. La demanda por vivienda es enorme y no podemos terminar subsidiando a otra región”, enfatizó.
En respuesta a la controversia, la Directora de SERVIU Los Ríos, Nebenka Donoso, explicó que la región alcanzó un 88% de ejecución del programa Asentamientos Precarios y que el único proyecto reprogramado para 2026 —la recuperación del campamento San Carlos de Corral, equivalente a 12,53% del presupuesto anual— no avanzó debido a que depende del proyecto habitacional San Carlos, cuyo avance actual es de un 72,2%.
Según detalló, la reprogramación sigue criterios técnicos, no presupuestarios. “Estos recursos no se pierden, sino que se reasignan para el próximo año; son prioridad para nosotros y por supuesto para las familias y están asegurados”, señaló. Agregó además que “no hay proyectos en la región que van a dejar de desarrollarse por temas presupuestarios”.
A nivel central, el Ministerio de Vivienda respaldó la reasignación argumentando que responde a la necesidad de evitar la devolución de fondos al Tesoro Público. Para ello, los recursos fueron redirigidos a otro proyecto del mismo programa que cumplía con las condiciones de ejecución inmediata. La cartera precisó que esta práctica se enmarca en la normativa vigente y busca asegurar que los fondos habitacionales se utilicen íntegramente.
El debate dejó en evidencia las tensiones entre la urgencia social por soluciones habitacionales, las limitaciones operativas que afectan la ejecución de proyectos, y la presión política por mayor transparencia. Donoso añadió que factores como la falta de proyectos disponibles, la limitada oferta de entidades patrocinantes y la escasez de constructoras locales impactan directamente en los tiempos de ejecución. “La no ejecución tiene que ver con la no existencia o disponibilidad del proyecto en condiciones de ser contratados”, explicó.
Mientras parlamentarios y organizaciones sociales evalúan nuevas solicitudes de información, SERVIU recalca que todos los proyectos programados en la región cuentan con financiamiento asegurado para su continuidad en 2026.
