Tras oficializarse que el Gobierno concretará la expropiación de aproximadamente 100 de las 215 hectáreas vinculadas a la toma del cerro Centinela, en San Antonio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) explicó el origen de los recursos que permitirán financiar el proceso. Según detalló el ministro Carlos Montes, la expropiación considera tanto la compra del terreno como su posterior urbanización, y los estudios preliminares estiman un costo cercano a los $11 mil millones.
“¿Y de dónde salen estos fondos de $11 mil millones que estimamos? Salen del presupuesto de este año, no del próximo, y los teníamos reservados ante una eventualidad”, señaló el secretario de Estado en conversación con El Mercurio.
El jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma, agregó que estos recursos corresponden a proyectos no ejecutados en diversas regiones del sur, debido a que el presupuesto 2025 obligó a que los Serviu gastaran los montos durante el mismo año. “Hasta 2024, podían ser gastados en más de un año, pero ahora, que muchos Serviu vieron que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre, empezaron a devolver esos recursos”, explicó.
Entre los casos mencionados por Palma se encuentran la compra de un terreno en Coyhaique por cerca de $4 mil millones, otra en Castro por unos $3 mil millones, además de iniciativas pendientes en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Ñuble. Esto permitió generar una disponibilidad superior a los $10.900 millones, detectada en noviembre, que el ministerio decidió redirigir hacia la expropiación del terreno tomado en San Antonio.
Según el funcionario, de no utilizarse para este fin, los fondos “no habrían quedado para el Presupuesto 2026 de Asentamientos Precarios, sino que se devolvían al Tesoro Público, como parte del ahorro nacional”. Palma también detalló que la falta de ejecución se debió a problemas administrativos: “Había problemas de tasaciones, en algunos casos; faltaban regularizaciones, o el rol del propietario, en otros; o se trataba de compras convenidas y faltó un papel; o en un predio del obispado, hubo cambio de Papa y ahora se necesita una autorización externa; o quedaron para el próximo año porque hubo un trámite que los demoró”.
Críticas desde Los Ríos
El anuncio provocó fuertes reacciones en la Región de Los Ríos, donde parlamentarios acusaron fallas graves de gestión en el Serviu y el Minvu, considerando que parte de los recursos redestinados provenían de proyectos no ejecutados en la zona.
La senadora María José Gatica (RN) apuntó directamente al servicio regional: “En mi región llevamos años escuchando promesas incumplidas, viendo cómo se pierden oportunidades y cómo miles de familias siguen esperando un hogar digno. Pero lo que hoy denuncio es aún más grave: el Serviu Los Ríos fue incapaz de ejecutar más de 36 mil millones de pesos que estaban destinados a proyectos regionales para 2025”.
En tanto, el senador Iván Flores (DC) cuestionó la reiterada subejecución presupuestaria del ministerio. Para el parlamentario, “no es primera vez que le sacan plata porque no se la gastaron, ya llevamos tres años con sub ejecución presupuestaria”. Además, criticó la falta de avances en programas locales: “Todavía no hay un llamado para el mejoramiento de viviendas, siempre había dos o tres al año y éste no ha habido ninguno”.
Las observaciones de ambos legisladores reflejan la tensión existente entre el objetivo del Gobierno por avanzar en soluciones habitacionales urgentes, como la megatoma de San Antonio, y la preocupación regional por recursos que, pese a estar asignados, no lograron transformarse en proyectos concretos para las regiones del sur de Chile, en especial en Los Ríos.
