La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, con el fin de autorizar a los funcionarios policiales el porte permanente de armas fiscales. La iniciativa obtuvo 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones.
El texto establece que Carabineros deberá entregar a cada funcionario “un arma de cargo, la que será de propiedad fiscal y se entregará para su tenencia y porte permanente, dentro y fuera de las reparticiones de la institución”. El armamento será de uso exclusivo e intransferible, quedando bajo responsabilidad directa de cada funcionario en cuanto a su cuidado y custodia.
Además, se detalla que las características de estas armas, junto con los requisitos para su uso y los protocolos de manejo, custodia y eventual devolución, serán definidos mediante un reglamento.
La iniciativa regresó a la Comisión de Defensa para su discusión particular, debido a la presentación de diversas indicaciones. Durante el debate parlamentario, varios diputados recalcaron que los actuales niveles de criminalidad justifican la medida, señalando que es necesario adoptar acciones que impidan que “el funcionario policial quede desarmado”, permitiendo así que pueda usar su arma en cualquier momento dada la naturaleza de su labor.
Asimismo, destacaron que el proyecto “evita la militarización de los ciudadanos, pues pone las armas permanentemente en manos del personal institucional y no en poder de la gente”. Añadieron que la propuesta es coherente con la necesidad de fortalecer Carabineros a través del aumento de su dotación.
Actualmente, la normativa solo permite el porte de armas de servicio en situaciones oficiales y dentro del horario laboral. Según los autores del proyecto, esta limitación “deja un vacío significativo en la protección personal del funcionario fuera de servicio”.
Si bien la institución cuenta con disposiciones reglamentarias que permiten el porte en horario “de franco”, los impulsores subrayan que es necesario elevar esta autorización a una norma de mayor jerarquía, con el fin de entregar certeza jurídica respecto de las acciones de funcionarios a quienes el Estado encarga ejercer el uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la seguridad pública.
