En la localidad de Champel, en la macrocuenca del río Bueno medio, se levanta uno de los sistemas de Agua Potable Rural más estables de la Región de Los Ríos. Administrativamente perteneciente a La Unión, pero históricamente vinculado también a Río Bueno, este territorio ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico durante la última década, con la llegada de decenas de nuevas familias que han convertido el lugar en un sector residencial en expansión.
El APR Champel San Jorge funciona desde 1996 y nació de la organización vecinal. Su secretario, Roberto Guarda, recuerda que el sistema se creó a partir de la necesidad de acceder a agua potable: “Un grupo de vecinos se juntaron y fueron capaces de organizarse para buscar una fuente de agua y construir la red de distribución”. El Estado entregó solo infraestructura básica —un sondaje, una bomba y tuberías— y, desde entonces, el comité se ha sostenido principalmente con trabajo voluntario y esfuerzo comunitario.
Con el aumento explosivo de población, el sistema debió profesionalizar su funcionamiento. “Desde 2015 se hizo necesario contratar a una persona”, relata Guarda. El año 2024 el comité dio un paso clave al formalizar la contratación de un operador permanente, mientras él asumió como secretario del directorio.
A pesar de los desafíos, la comunidad ha logrado sostener una infraestructura sólida, financiada casi por completo con recursos propios. “Hemos sido capaces de mantenernos sin el apoyo de nadie”, enfatiza Guarda. “En cinco años hemos invertido cerca de 35 millones de pesos con recursos propios”, agrega, destacando que entre el 80% y el 90% de la infraestructura visible ha sido construida con fondos de la propia APR. Los únicos apoyos externos han sido la compra de bombas mediante un proyecto del Gobierno Regional y un fondo municipal que aportó un millón de pesos para la caseta, cuyo costo total fue cuatro veces mayor.
El compromiso comunitario es otro pilar clave. Las asambleas alcanzan hasta un 80% de participación, cifra inusual en sistemas APR. Esto se explica, según Guarda, por reglas claras y cumplimiento estricto de estatutos: “Si usted no paga el agua, se la vamos a cortar. No es castigo, es una responsabilidad colectiva”.
Para Julio Ruiz, presidente de la junta de vecinos y miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, la transparencia ha sido determinante. “Cuando hay transparencia, la comunidad queda tranquila porque las platas se están manejando adecuadamente”, señala. Ruiz destaca que el sistema contable es ordenado, los controles son rigurosos y la revisión de cuentas es un proceso simple porque “hoy los números son azules” y no existen déficits ni gastos injustificados. “Me siento orgulloso de ser parte de este equipo, porque nunca nos hemos quedado estancados”, asegura.
El funcionamiento técnico también exige disciplina. Rodrigo Rojas, operador del APR y habitante del sector, explica que el sistema es altamente sensible: “Este sistema es crítico. Si falla, todos nos vemos afectados”. La APR realiza análisis periódicos obligatorios por la Dirección de Obras Hidráulicas y controla diariamente la cloración. Rojas, técnico en electricidad, ha integrado sus conocimientos al mantenimiento del sistema.
Pero advierte un riesgo mayor: la presión sobre el recurso hídrico. “El agua es un recurso finito; si no lo cuidamos, tendremos problemas serios”, afirma. Por ello, la organización ha implementado medidas para evitar usos indebidos como riego, llenado de piscinas o prácticas que puedan contaminar la napa subterránea, de la cual depende completamente el sistema.
Así, y pese a las dificultades comunes en el país para los APR —morosidad, falta de mantención, infraestructura obsoleta—, Champel San Jorge se presenta como un caso ejemplar, donde la autogestión, la participación vecinal y la transparencia han permitido mantener un servicio vital para la comunidad. Una experiencia que refleja, en el espíritu del proyecto “Agua y comunidad”, el impacto crucial que tienen los Comités de APR en la vida rural de la Región de Los Ríos.
