Con énfasis en la autonomía constitucional Defensor regional de Los Ríos rindió cuenta pública

Luis Soto Pozo explicó que, a casi 25 años de la reforma procesal penal, la Defensoría mantiene el estatus de organismo dependiente, categoría que no parece razonable en un modelo cuyo principio fundacional es la igualdad de armas.

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En el auditorio del Centro de Educación Continua CEC UACh en Valdivia este miércoles el Defensor Regional de Los Ríos, Luis Soto Pozo, rindió cuenta pública de la gestión institucional 2024 en la zona.

En su discurso detalló el quehacer en cobertura y calidad de defensa, en la gestión de redes, gestión administrativa y difusión a la comunidad. En cuanto a los énfasis de su mensaje expresó la constante inquietud por el excesivo uso de la prisión preventiva en nuestro país “desdibujando el carácter excepcional del espíritu fundante de la reforma procesal, en que se proyectó la privación de libertad sobre las personas como la última y no la primera respuesta, tal como indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la aplicación de esta medida debe ser excepcional, con irrestricto respeto a la presunción de inocencia y a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática”.

Así, el directivo contó que el año 2024 en el país, 1.874 personas estuvieron en prisión preventiva y luego no fueron condenadas. “Personas que vivieron la prisión sin haber tenido nunca que pasar por esa experiencia”. Asimismo, el abogado mencionó que, si la tasa de prisión preventiva es alta en general en Chile, en el caso de las mujeres esta cifra se torna aún más inquietante: entre el año 2023 y 2024 la cifra de mujeres presas preventivas aumentó en 12,6%.

“Desde una perspectiva interseccional, donde confluyen dos o más condiciones susceptibles de discriminación como ser mujer y migrante, la situación empeora en el caso de mujeres extranjeras, a quienes se impuso la prisión preventiva en un 17,6% versus el 4,4% de las imputadas chilenas” acotó.

Con el mismo énfasis, puntualizó en la necesidad de dotar de autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública.

“A casi 25 años de la reforma, nuestra institución mantiene su estatus de organismo dependiente, categoría que no parece razonable ante un modelo penal cuyo principio fundacional es la igualdad de armas. El fortalecimiento de la Fiscalía, con un significativo aumento de recursos y dotación, supone un efecto sustantivo para la Defensoría en la cobertura en tribunales y en el trabajo diario, lo que ha motivado una iniciativa modernizadora de nuestra institución para sostener el equilibrio del sistema en el sistema penal. Además, el proyecto de Fiscalía Supra territorial requiere un proyecto espejo para que como defensa pública podamos asumir de manera efectiva como contra parte”.

CALIDAD DE DEFENSA

En acciones para la calidad del servicio, Soto Pozo destacó la capacitación de defensoras y defensores sobre jurisprudencia y preparación de recursos de nulidad, el desarrollo de la clínica jurídica mensual, el boletín de jurisprudencia semestral con fallos de la Corte de Valdivia, la diversificación del catálogo de peritajes y los logros de las defensa especializada penitenciaria en la comisión de libertad condicional, en la defensa especializada de adolescentes y la labor y la vinculación con comunidades mapuche de las oficinas de defensa indígena en Panguipulli y Valdivia.

CIFRAS 2024

Respecto de la tramitación de causas en la Defensoría en Los Ríos, el jefe regional explicó que durante 2024 ingresaron 9 mil 841 causas, cuyos perfiles correspondieron a mujeres (17 por ciento), adolescentes ( 5 por ciento), personas extranjeras o migrantes (1,4 por ciento) y personas que declararon pertenecer al pueblo mapuche (9 por ciento).

Los delitos más frecuentes del periodo, en tanto, fueron violencia intrafamiliar (26 por ciento), lesiones (17 por ciento), amenazas simples (13 por ciento), delitos de la Ley de Tránsito (10 por ciento), hurto simple (6 por ciento), estafas y otras defraudaciones (5 por ciento), microtráfico de drogas (3 por ciento) y tráfico de drogas (0,9 por ciento).
En cuanto a los delitos de mayor connotación social en que se prestó defensa pública, sostuvo que los robos en lugar habitado representaron el 0,9 por ciento del total regional, los delitos sexuales un 0,7 %, los homicidios representaron un 0,5% y los robos con violencia sumaron el 0,4 por ciento.

“El ejercicio de defensa no sólo garantiza el efectivo acceso ciudadano a la justicia sino que cautela que una persona inocente no vaya a prisión y en caso de que exista una condena, esa decisión ocurra en condiciones de legitimidad como garantes del debido proceso, lo que nos protege a todos como ciudadanos” precisó.

Por último, del total de personas que la Defensoría Regional representó en 2024, 434 estuvieron en prisión preventiva y 119 fueron declaradas inocentes o no condenadas.
La ceremonia contó con la presencia de la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcela Araya Novoa, del delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial Pantoja, la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, el Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública, Alejandro Reyes Catalán, equipos técnicos Y directoras y directores del sector justicia, representantes de fuerzas armadas, autoridades académicas y ciudadanía.

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