En la localidad de El Roble-Carimallin, Fütawillimapu, autoridades ancestrales y comunidades integrantes del Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü denunciaron un presunto violento allanamiento ocurrido la mañana de este martes 12 de agosto de 2025 en la vivienda de la Machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual mapuche–williche y reconocida defensora de derechos humanos y del río Pilmaiquén.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Aylla Rewe, el procedimiento policial “se caracterizó por un uso desproporcionado de la fuerza” y se desarrolló mientras la Machi debía atender a pacientes en su rewe. Entre los hechos denunciados destacan: despliegue excesivo de efectivos armados, vulneración de derechos de menores —incluyendo la irrupción en la habitación de una adolescente paciente “sin previo aviso ni tiempo para vestirse” y bajo intimidación de seis policías armados—, bloqueo del acceso al lugar, falta de exhibición de la orden judicial, incautación de pertenencias de menores y registro oficial con hora inexacta.
El Aylla Rewe sostuvo que este operativo “no es un hecho aislado”, sino que se enmarca en un contexto de hostigamiento permanente hacia la Machi y su comunidad, ligado al proceso de consulta indígena por hallazgos arqueológicos vinculados a la Central Hidroeléctrica Los Lagos y a una mediación internacional en la OCDE en Noruega.
Versión oficial de la PDI
Por su parte, la Policía de Investigaciones informó que “en horas de la mañana de este martes, personal de la Prefectura Macro Zona Sur dio cumplimiento a una orden judicial, en el sector rural El Roble Carimallin, comuna de Río Bueno, en el marco de un delito de usurpación violenta en contexto de violencia rural”.
La institución detalló que la diligencia se relaciona con hechos ocurridos el 23 de febrero de 2023, “en el cual entre 20 y 30 personas encapuchadas ingresaron a dependencias de Statkraft, tras forzar el portón perimetral, ocasionando daños y sustrayendo elementos menores”. Según la PDI, “el cumplimiento de la orden judicial se desarrolló sin inconvenientes, sin personas lesionadas. No hubo detenidos”.
Mientras las comunidades exigen una investigación inmediata, exhaustiva e independiente, sanciones a los responsables y el respeto irrestricto a los derechos de las autoridades ancestrales conforme al Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, la PDI sostiene que su actuar fue ajustado a derecho y vinculado a un caso específico ocurrido en 2023.
