El informe, elaborado por la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, analizó el cumplimiento de los municipios respecto a dos instrumentos clave: el Consejo Comunal de Seguridad Pública (CCSP), que debe sesionar mensualmente y remitir sus actas a la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP), que debe mantenerse vigente y actualizado anualmente.
A nivel nacional, el panorama es preocupante: un 90% de las municipalidades no ha cumplido a cabalidad con estas obligaciones. En este contexto, la Región de Los Ríos, que no figura entre las zonas de mayor vulnerabilidad socio-delictual del país, tampoco escapa a las observaciones: los 12 municipios de la región presentan incumplimientos en uno o ambos aspectos evaluados.
Actas de los consejos: retrasos y falta de continuidad
El principal déficit detectado en Los Ríos corresponde a la remisión de actas de los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Según el informe, ninguna comuna de la región logró enviar de manera completa y oportuna todas las actas de sus sesiones mensuales durante 2024-2025. Aunque todas las municipalidades realizaron al menos algunas sesiones de sus consejos —lo que las diferencia positivamente de otras 19 comunas del país que no reportaron ninguna actividad—, en la totalidad de los casos se constataron retrasos o falta de regularidad en el envío de las actas.
En el caso de Lago Ranco, la Contraloría destacó de manera especial el incumplimiento, ya que sus actas fueron enviadas con más de un año de atraso, ubicándose entre los 72 municipios del país con mayores rezagos en esta materia.
Planes de seguridad: vigentes, pero con posibles deficiencias
Respecto a los Planes Comunales de Seguridad Pública, la situación en Los Ríos es más favorable: ningún municipio aparece en la lista de comunas con planes vencidos o no remitidos. Esto indica que todas las municipalidades de la región han entregado su plan y este se encontraba formalmente vigente al cierre del período evaluado.
Sin embargo, el informe advierte que la actualización anual de los planes, exigida por la ley, es un aspecto en el que persisten brechas. Si bien el documento no entrega el detalle por comuna sobre este punto, se señala que muchas municipalidades —incluidas las de Los Ríos— podrían tener planes vigentes que no fueron actualizados durante el último año, lo que constituye igualmente un incumplimiento normativo.
Medidas correctivas y llamado a la acción
Ante este panorama, la Contraloría ordenó la adopción de medidas correctivas en todo el país y remitió los antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito para su seguimiento. Además, instruyó a los municipios observados —incluidos todos los de la Región de Los Ríos— a iniciar sumarios administrativos para determinar responsabilidades por estos incumplimientos.
El informe subraya que no contar con un consejo activo ni con un plan actualizado debilita las capacidades locales de prevención del delito y de coordinación interinstitucional, aumentando la exposición de la población a riesgos de seguridad.
En conclusión, aunque la Región de Los Ríos no se encuentra entre las zonas de mayor riesgo socio-delictual, el informe deja en evidencia que existen importantes tareas pendientes en la gestión de seguridad pública comunal. Superar estos incumplimientos será clave para fortalecer la prevención y protección de las comunidades de la región.
