La acción judicial fue presentada luego de que el funcionario fuera requerido por la exalcaldesa Carolina Silva Pérez para presentar su renuncia en el contexto de una denuncia por maltrato infantil contra una educadora de párvulos. Según constató el tribunal, la desvinculación se realizó sin sumario, resolución administrativa ni proceso formal alguno, y fue acompañada de una declaración pública que, a juicio del tribunal, afectó gravemente su integridad psíquica y honra personal.
El juez consideró que la medida adoptada por la alcaldesa fue “desproporcionada, injustificada y por tanto abusiva e ilegal”, añadiendo que “la naturaleza de la comunicación que hace la alcaldía por medio de la Declaración Pública de fecha 5 de enero de 2024, en cuanto a su redacción y contenido, permite comprender, sin lugar a dudas, cómo es que el denunciante considera que su honra se ha visto afectada”.
El dictamen también subrayó que no existía investigación sumaria alguna contra el funcionario, por lo que no había justificación para su salida. En cuanto al daño ocasionado, la sentencia destaca que “don Jaime Bórquez ha sufrido un daño moral” y que su situación anímica “afectó significativamente su salud mental y continúa afectándolo”.
Además del pago de la indemnización, el tribunal ordenó a la Municipalidad de Río Bueno publicar una declaración rectificatoria en redes sociales, medios de comunicación y entre sus funcionarios, aclarando que la desvinculación no tuvo relación con interferencia alguna en procesos administrativos. También deberá realizar una capacitación obligatoria sobre derechos fundamentales y redacción de comunicaciones públicas, así como gestionar atención médica psiquiátrica a favor del denunciante a través de la mutualidad correspondiente.
