La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de protección presentado en contra de la Ilustre Municipalidad de La Unión, luego de que se rechazara sin fundamentos suficientes una solicitud para trasladar el domicilio de una patente de alcoholes tipo A1.
El conflicto se remonta a octubre de 2024, cuando una comerciante de La Unión, propietaria de un local en calle Arturo Prat, gestionó junto a su cónyuge la compra de una patente de alcoholes comercial Nº 938605, por un valor de 30 millones de pesos, financiados mediante un crédito bancario. Posteriormente, inició el proceso para trasladar dicha patente a un inmueble de su propiedad, cumpliendo —según consta en el recurso— con todos los requisitos legales establecidos.
Entre los antecedentes presentados por la empresaria se incluyen la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, el permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales, la autorización sanitaria del Ministerio de Salud, la inscripción ante el Servicio Agrícola y Ganadero, y los informes de Carabineros de Chile y la Junta de Vecinos.
A pesar de cumplir con las exigencias formales, el Concejo Municipal de La Unión rechazó el traslado durante su sesión ordinaria Nº 4, realizada el 2 de enero de 2025, decisión formalizada mediante el Decreto Exento Nº 2580, de fecha 4 de abril. La votación fue desfavorable con seis votos en contra y solo uno a favor, correspondiente a la concejala Jessica Cossio.
La defensa del municipio, representada por el abogado Juan Javier Azócar González, argumentó que la negativa se basó en razones de orden público, seguridad y bienestar vecinal, apoyándose en la facultad establecida en el artículo 4, letra j), de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
No obstante, la Primera Sala de la Corte de Valdivia —integrada por los ministros Samuel David Muñoz W., María Soledad Piñeiro F. y el abogado integrante Juan Andrés Varas B.— concluyó que la resolución municipal careció de justificación concreta, contraviniendo el artículo 41 de la Ley Nº 19.880, que exige fundamentos claros para todo acto administrativo. Por ello, calificó la actuación del municipio como “ilegal y arbitraria”, ordenando a la Municipalidad de La Unión “resolver la solicitud de traslado de domicilio de la patente como en derecho corresponda y fundadamente”.
Consultada por su voto favorable, la concejala Jessica Cossio explicó que “en esa oportunidad no existía recurso administrativo válido para rechazar la solicitud, ya que esta cumplía con todos los requisitos exigidos. Aunque reconoció la oposición de más de 60 vecinos del sector, aclaró que una carta con firmas no tiene carácter vinculante”.
Asimismo, agregó que “propuso en su momento incluir al barrio Matadero —desde calle Prat hacia abajo— como un “punto rojo” dentro del Plan de Seguridad Comunal, con el fin de restringir la entrega de futuras patentes en esa zona. Sin embargo, esta propuesta aún no ha sido implementada, por lo que no existe base normativa para rechazar solicitudes mientras no se modifique el plan vigente”.
Rectificación: Se rectifica información inicial que daba cuenta de la presencia del concejal Said Neira en la votación, quien se encontraba ausente en dicha sesión por motivos de salud.
Revisa el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia a continuación:
