Aunque criticó con dureza estas prácticas, Álvarez llamó a no estigmatizar a todo el sector público, recordando que según cifras oficiales, solo un 2% de las licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024 corresponderían a casos fraudulentos.
“El primer punto, y a mi juicio el más importante, es defender el rol del funcionario público. Este tipo de malas prácticas es transversal y afecta a todas las condiciones de trabajo del país. Esta muestra es una radiografía que demuestra una realidad que no podemos seguir ignorando, aunque no debemos olvidar que la comunidad y la ley le exigen al trabajador público un actuar probo y ejemplar”, expresó.
De acuerdo a antecedentes oficiales, más de 20 mil licencias habrían sido utilizadas de forma irregular a nivel nacional, algunas por funcionarios reincidentes. Para Álvarez, el impacto de estas acciones va más allá del individuo que las comete. “Quien engaña no lo hace solo al Estado ni a las AFPs. Se engaña a todos los chilenos, porque esto repercute directamente en las cifras de siniestralidad. Y al aumentar esas cifras, se encarecen los planes de previsión y salud que pagamos todos”, sostuvo.
El concejal explicó que muchos de estos casos se detectaron tras comprobar que los funcionarios salieron del país durante su licencia, aunque advirtió que podría haber muchos otros casos no registrados. “Probablemente hay un número mayor que también se paseó, pero no salió del país. El problema es más grande de lo que parece”, alertó.
En ese contexto, fue enfático en señalar que se deben aplicar sanciones estrictas, apuntando directamente al ámbito económico. “Hay que sancionar donde más duele, en el bolsillo. Cada funcionario que cometió esta falta debe devolver el dinero. En nuestra comuna hay 37 casos identificados, y el primer paso es que devuelvan lo percibido indebidamente. Quizás eso incluso ayude a resolver los supuestos problemas de caja que menciona el alcalde”.
Asimismo, se manifestó contrario a la idea de que los responsables eludan sus responsabilidades presentando renuncias. A su juicio, estas no deberían ser aceptadas.
Consultado por la eventual desvinculación de los funcionarios involucrados, Álvarez llamó a actuar con prudencia. “No tengo claro si corresponde o no, pero sí creo que la Contraloría debería emitir un instructivo que oriente a los municipios sobre cómo llevar estos sumarios y qué sanciones aplicar, para que el criterio sea equitativo”.
Finalmente, el concejal llamó a fortalecer el rol fiscalizador del Estado y a recuperar la autoridad de los organismos de control. “Antes uno le tenía miedo al fiscalizador, y eso se ha relajado. Los sinvergüenzas —que por suerte son los menos— se han aprovechado de eso. Pero también es cierto que es el propio trabajador público quien ejerce su rol de control y detecta este abuso. Eso es lo que nos permitirá ponerle fin”.
Desde el gobierno central se informó que los servicios públicos tienen un plazo de 72 horas para formalizar los sumarios administrativos correspondientes. Respecto al rol del Ministerio Público, Álvarez expresó reparos a sobrecargar a las fiscalías locales. “Es inoficioso trasladar los procesos a las fiscalías locales, las que se encuentran ya saturadas y su rol debe estar en post de proteger a los ciudadanos de la verdadera delincuencia que nos afecta día a día”, concluyó.
