Entre las principales demandas del sector se encuentran la estabilidad laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y el reajuste salarial. Una de las preocupaciones más urgentes está relacionada con el reciente dictamen de la Contraloría, que permite la desvinculación de funcionarios públicos tras dos renovaciones consecutivas de contrato. Los trabajadores han señalado que esta medida incrementa la precariedad y los expone a los cambios políticos, profundizando la incertidumbre contractual.
Además, los gremios denuncian la persistencia de bajos salarios, con casos de funcionarios que perciben sueldos por debajo del mínimo legal. También exigen avances en la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la modernización de infraestructura y equipamiento. Según han señalado, muchos servicios aún operan con herramientas obsoletas que dificultan el cumplimiento de sus funciones, afectando tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.
La movilización incluirá una marcha que culminará con la entrega de un petitorio al Delegado Presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, emplazando al Gobierno a dar respuesta a las demandas del sector.
Desde la Mesa del Sector Público han insistido en la importancia de concretar un acuerdo que garantice condiciones laborales dignas, destacando que las dificultades económicas del país no deben recaer sobre los trabajadores estatales.
