El texto de autoría de los senadores Juan Luis Castro, Luz Ebensperger, Francisco Huenchumilla y Alfonso de Urresti, de la región de Los Ríos, busca disminuir estos episodios de mala praxis médica, poniendo el peso de la prueba en la institución o prestador del servicio, elevando los días de reclusión de los responsables y exponiéndolos a la pérdida del título o la inhabilitación del ejercicio de la profesión.
De acuerdo a cifras emitidas por la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico (FALMED), sólo en el año 2022, los juicios civiles y penales por presunta mala praxis fueron 250, sumando un total histórico de 6.053 (desde 1994 a 2022), lo que representa un leve aumento en comparación al año pasado (226).
Proyecto de Ley
- Aumenta las sanciones por responsabilidad penal, aumentando las penas previstas en el inciso primero del artículo 490 y 491 del Código Penal. En particular, se aumenta la pena de reclusión a reclusión menor en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo. Los casos penales son la mayoría, con un 53%, y el restante 47% corresponden a los cuestionamientos en sede civil.
- Agrega, como pena accesoria, la pérdida del título y, eventualmente, la inhabilitación especial temporal de 5 a 20 años para el ejercicio de la profesión de médico cirujano, matrona o cirujano dentista, para los casos de negligencia con resultado de muerte o lesiones graves.
- Establece en la ley 20.584 que la obligación de probar que se ha actuado con las diligencias necesarias corresponde a los prestadores de salud, liberando con esto al demandante de la carga de la prueba.
