Reducción de servicios, disminución de controles, menor acceso a medicamentos y programas de actividad física y escasas redes de apoyo, son algunas de las problemáticas que han vivido las personas mayores con la llegada de la pandemia y que han evidenciado cuánto queda por mejorar en los sistemas de apoyo a la vejez en el país.
El proceso de cambio demográfico que se está viviendo hace algunas décadas a nivel global, pero con mayor intensidad en países menos desarrollados como el nuestro, es innegable y con ello es importante hacer una revisión del enfoque con el que se está viendo a las personas mayores, sobre todo a nivel de políticas públicas que van dirigidas a este grupo de la población que aumentará, viviendo mayor cantidad de años y con mejor salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las personas mayores hoy en día no coinciden con la visión tradicional de la vejez, generada en una época donde la esperanza de vida era mucho menor y por tanto la salud de las personas de mayor edad tendía a calificarlas como frágiles y dependientes, por lo que hasta hace algún tiempo todas las políticas públicas se centraron en su cuidado y protección. Actualmente, se busca tener un enfoque más anticipatorio y preventivo frente al apoyo que se entrega a la población mayor.
De acuerdo con la última encuesta Casen (2017) más de un tercio de la población adulto mayor considera que tiene buena salud y menos del 15% del total de este grupo poblacional tiene algún grado de dependencia funcional. Además, a modo de caracterización, 6 de cada 10 personas mayores son jefas o jefes de hogar y casi un tercio está a cargo de cuidar a sus nietas y nietos periódicamente.
Con estas transformaciones, cambian también las necesidades y demandas de las personas mayores. Hoy, estas necesidades apuntan más lograr un envejecimiento en el que su calidad de vida sea similar a la de su etapa laboral en términos de salud, autonomía, integración social e independencia, y en ese sentido el Estado debe facilitar y apoyar este proceso.
Lamentablemente la pandemia de COVID-19 ha evidenciado una serie de problemáticas que viven las personas mayores, dando cuenta que los sistemas de apoyo a la vejez están lejos de ser satisfactorios. En una gran cantidad de casos, ha ido en desmedro de los esfuerzos por lograr un envejecimiento positivo debido a los periodos de cuarentana extrema, la suspensión de programas de actividad física y la disminución de controles de pacientes crónicos en la salud primaria, entre otras.
Estado, Pandemia y Personas Mayores
El Estado chileno tiene una serie de programas y mecanismos que buscan apoyar y asistir a las personas mayores. Un elemento relevante para la implementación de políticas públicas que buscan proteger los derechos humanos de todas las personas es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de las Organización de los Estados Americanos y promulgada como decreto en Chile en septiembre de 2017.
El servicio público dedicado exclusivamente a la protección y bienestar de las personas mayores es el SENAMA, al alero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y ejecuta diversos programas como el Fondo Nacional del Adulto Mayor, Escuela de Formación para Dirigentes Mayores, Envejecimiento Activo, Establecimientos de larga estadía (ELEAM) y Centros Diurnos, entre otros programas y beneficios.
Una vez declarada la pandemia a lo largo del país, y con la toma de decisiones y políticas sanitarias que buscaban evitar los contagios de COVID-19, pero que muchas veces no consideraron los demás aspectos de la vida, gran parte de estos programas y ayudas para las personas mayores se detuvieron, lo que generó grandes complicaciones y dejó en evidencia la falta de redes de apoyo con las que cuenta este grupo invisibilizado de la población.
La reducción de servicios, la disminución de controles de enfermedad crónica, la dificultad de acceso a medicamentos y programas que promuevan la actividad física, junto con los problemas de acceso a la información y la suspensión de apoyos formales e informales, que derivó en el riesgo a no tener alimentos o bienes esenciales, fue un gran golpe para las personas mayores, afectando a su calidad de vida y salud mental.
Así lo confirma Jorge Jerez, coordinador del programa Centro de día del adulto mayor de La Unión, quien señala que entre otras problemáticas “las personas mayores tuvieron dificultades en las postulaciones para obtener beneficios sociales, como el bono IFE, ya que se debía contar con internet e ingresar datos personales. Lo mismo ocurre para la obtención del pase de movilidad, donde se debe contar con clave única y correo electrónico. Entonces una persona mayor, que viva solo, sin redes de apoyos familiares y que no tenga acceso a internet podría haber quedado fuera de estos beneficios”.
Asimismo, Jerez afirma que la pandemia ha traído una serie de impactos negativos en la salud de las personas mayores, perdiendo funcionalidad tanto física como cognitiva y afectando además su salud mental.
Con el paso del tiempo y la permanencia del estado de alerta sanitaria se buscaron soluciones a algunos problemas, como por ejemplo la entrega de medicamentos en domicilio por parte de los distintos centros de salud primaria, la activación de grupos de apoyo en algunas municipalidades y la implementación del Fono Mayor del SENAMA. Esta última herramienta, que el coordinador del Centro de Día de La Unión destaca, permitió que las personas mayores tuvieran la posibilidad de ser escuchadas, recibir contención emocional, “y sentir que tenían a otra persona a quien contarle acerca de sus sentimientos y emociones”, comenta.
Sin embargo, el impacto producido por la pandemia ha generado gran preocupación a nivel mundial y se han organizado una serie de diálogos a nivel mundial con jornadas de análisis y discusión para mejorar la protección de las personas mayores.
Dentro de las problemáticas que se repiten en torno a las políticas públicas dirigidas a las personas mayores se encuentra que no se hace parte a esta población en su diseño, por lo que los propios beneficiarios no tienen injerencia en ellas. Sumado a lo anterior, se recalca el problema de la centralización en el proceso de toma de decisiones lo que provoca que en regiones las medidas no generen el impacto esperado.
Al respecto, Jorge Jerez señala que si bien existen políticas focalizadas en adultos mayores aún queda mucho por realizar como por ejemplo, generar mayor preocupación y apoyo para personas en situación de discapacidad, facilitando el acceso a ayudas técnicas y educación para un buen uso; aumento en la cantidad de visitas domiciliarias a personas con algún grado de dependencia y apoyo para sus cuidadores; más ELEAM y Hospitales Psiquiátricos; médicos especialistas y profesionales formados en temáticas de adultos mayores y finalmente, un mejor sistema de pensiones.
La ciudad también es para personas mayores
Un área que ciertamente quedó relegada durante este periodo de crisis sanitaria ha sido la ciudad como espacio para la comunidad, principalmente por las estrictas y extensas cuarentenas y el distanciamiento social. En la vía hacia políticas públicas que promuevan el desarrollo de su independencia, la OMS creó la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores.
La iniciativa pretende lograr el compromiso de las ciudades de distintos países a ser más amigables con las personas mayores, que aliente el envejecimiento activo y mejorando la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Pese a que a primera lectura se podría considerar solo lo estructural para esta adaptación, como la calidad de calles y veredas, más bancas para descansar y acondicionamiento para personas con dificultad para movilizarse, esta transformación tiene ocho dimensiones a considerar: apoyo comunitario y servicios de salud; comunicación e información; empleo y participación cívica; espacios públicos y edificios; participación social; respeto e inclusión; transporte y vivienda.
“Una ciudad amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversos necesidades y capacidades”, señaló la OMS.
La Red, que fue lanzada en 2010, ya cuenta con miles de ciudades participando en el mundo y en Chile son 194 las comunas que están adheridas a este proyecto y que se encuentran en distintas etapas de avance. En el caso de la región de Los Ríos las comunas que se encuentran participando en la Red son: Valdivia, Lanco, La Unión, Paillaco y Río Bueno.
De esto está muy al tanto, Elías Solís, presidente de la unión comunal de adultos mayores de Río Bueno quien afirmó que hace varios años está pendiente implementar proyectos integrales que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna.
“Es importante para nosotros, por ejemplo, revisar veredas que están descuidadas y nosotros los adultos mayores sufrimos accidentes. Otro proyecto importante que llevamos largo tiempo solicitando, es la implementación de baños públicos en lugares como el cementerio. Son cosas que permiten que podamos usar los espacios con tranquilidad”, manifestó.
Sin duda, el envejecimiento acelerado de la población es más que un simple cambio demográfico o una modificación en las cifras de una estadística, requiere más bien una transformación en la forma en que se desarrolla la sociedad en su conjunto y cómo se debe enfrentar este desarrollo en el futuro, implementando políticas públicas no asistencialistas, más bien de prevención, asistencia sanitaria y cuidados paliativos con criterios gerontológicos, poniendo en el centro a las personas mayores y sus derechos, tan fácilmente olvidados, como lo son la autonomía, el autocuidado, el respeto a su capacidad de decisión y la igualdad de condiciones.
