Por Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho, UCEN
Existía la esperanza que una vez en el cargo cambiaría y asumiría las condiciones exigidas en el ejercicio de la máxima autoridad de la potencia mundial. No fue así. Prefirió gobernar teniendo como referente no al país en su conjunto, sino a los sectores que le habían dado el triunfo electoral asumiendo que con ello se proyectaría hacia un nuevo periodo presidencial.
La actitud seguida por Trump luego de conocido los resultados electorales, preparada desde que asumió que podía ser derrotado, no es más que una prolongación de su conducta rupturista con los cánones establecidos por la democracia estadounidense. Denunciar un fraude, sin acompañar pruebas, dirige un proyectil a la línea de flotación del proceso electoral y, por tanto, del sistema democrático del país norteamericano. Es una acusación que daña la institucionalidad y a quienes la componen.
En Estados Unidos la existencia de un bipartidismo, que en lo esencial ha significado que sus componentes compartan la adhesión a los valores y funcionamiento de la democracia, hace necesario un pronunciamiento del Partido Republicano al que pertenece el actual Presidente. Hasta el momento, salvo contadas excepciones personales como las del ex mandatario George W. Bush o el senador Mitt Rommey, dicho partido parece respaldar el accionar y se coloca al servicio de su estrategia de deslegitimación del proceso electoral. Riesgosa posición que puede tener consecuencias graves para la estabilidad del sistema político.
A lo menos, la conducción formal del Partido Republicano debiera exigir pruebas convincentes sobre lo que Trump ha denunciado como fraude. De no ser así dicho partido se hará partícipe del clima de incertidumbre y tensión que se ha gestado con la conducta del mandatario y cuyas consecuencias no solo repercuten en lo interno, sino también en el plano internacional.
