Por Rafael Pizarro
Director Administración Pública, UTEM
Al respecto, la ultima semana de julio nos entrego un nuevo cambio de gabinete, que llegó con algunos nuevos ministros o, visto desde otro punto de vista, nos despojo de cuatro parlamentarios, sin costo alguno para ellos, para sus coaliciones o partidos. El proceso de reemplazo es simple, lo definen los propios partidos en los que militan, punto; es decir no existe un procedimiento que tenga una vinculación con el origen de sus cargos, es decir la voluntad de la ciudadanía.
Si fuese un relato, tendríamos que decir algo así como que terminan desempeñándose en un cargo para el cual no fueron electos y llegan otros u otras, que no cuentan con el respaldo de la ciudadanía y los votos de sus electores no son tomados en cuenta o no reconocidos a la hora de su cese como parlamentarios y lógico, el reemplazo. Lo anterior, adquiere mayor complejidad cuando se miran las cifras de aprobación del congreso, que no superan un digito, lo que sin duda es un problema para el poder del estado que tradicionalmente se identifica con la representatividad del pueblo. Esta realidad negativa y desafiante, no genera una respuesta clara del congreso, la cual debiese estar orientada en tomar medidas correctivas que se orienten a mejorar la adhesión por parte, justamente, de sus representados. Hoy existen compañeros y compañeras de listas de los parlamentarios, del mismo partido o pacto, gracias al termino del binominal, podría ser una solución cuyos componentes estarían a disposición de una pronta implementación. Al respecto, las soluciones son variadas, elección acotada al espacio y bloque, partido correspondiente o internas de los mismos o establecer el reemplazo al instante de la inscripción de las candidaturas.
Teniendo claro que el reemplazo de los parlamentarios es un camino necesario, es relevante restringir en este marco y lograr establecer mecanismos diferentes a los actuales, que resguarden el principio del nacimiento del cargo y su función de representación de sus votantes. En definitiva, que tenga algún costo o trabajo para los partidos que sea parte de la decisión y no solo un proceso administrativo de menor relevancia con relación a la elección de los y las ciudadanas. Mayor legitimidad, confianza y valoración del congreso es una necesidad imperiosa; y mejorar el reemplazo vinculándolo a sus electores es el camino o al menos una manera de minimizar los costos para este poder del estado.
