Nabor Carrillo Estefa
Economista Unidad de Estudios
Santo Tomás Osorno
[su_dropcap style=»simple» size=»5″]R[/su_dropcap]edacto esta columna en honor a don Víctor García Ossa (Q.E.P.D.) que escribía sobre educación de forma rigurosa y apasionada. Dicho esto, invito a reflexionar sobre la reforma a la educación superior que impulsa el actual gobierno.
El 5 de julio de 2016 ingresó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Educación Superior (Boletín 10783-04), hecho que marca el inicio de la última etapa del paquete de reformas en el ámbito educacional. Dentro del capítulo de antecedentes del mensaje presidencial, lo primero que es necesario destacar es que hay un declarado y certero reconocimiento a los altos niveles de cobertura que exhibe nuestro país en todos los niveles de la educación (preescolar, escolar y superior). Sin embargo, también deja una sensación amarga por la grave omisión a la histórica y centenaria tradición de nuestro sistema mixto de educación. En efecto, el mensaje presidencial ignora el importante aporte que han realizado los privados por la educación a lo largo de nuestra historia republicana.
Lo segundo a observar con mucho detenimiento de los antecedentes del mensaje es lo que guarda relación con los tres ejes conceptuales: calidad, equidad e inclusión; y quehacer de la educación superior que, a juicio del ejecutivo, “constituyen las bases para la construcción de un sistema de educación superior”. La última frase desconcierta y mucho. Inclusive, hace visible una absoluta falta de respeto y una carencia de entendimiento acerca de lo que ha sido y es la educación superior de nuestro país desde sus inicios. Entre otros impactos, este tipo de frases siembra desconfianza de manera infundada sobre nuestro vigente sistema de educación superior.
Lo tercero a discutir es la destemplada afirmación del ejecutivo en cuanto al concepto de la calidad: “Sin calidad, la educación superior no cumple las expectativas de la sociedad y vulnera la fe puesta en ella por las familias”. ¿Qué argumentos tiene el ejecutivo para afirmar que hay nula presencia de calidad en educación superior? ¿Por qué sutilmente desliza conductas dolosas y suspicaces de las instituciones? ¿Acaso el ejecutivo dimensionó que en la destemplanza mancilla a las instituciones que están bajo su alero, vale decir las estatales?
En suma, los primeros párrafos del mensaje del proyecto de ley generan muchas dudas y cuestionamientos. La esperanza es que la discusión legislativa le dará cordura.
