El médico y concejal de Paillaco Miguel Ángel Carrasco (PPD) junto al concejal de la comuna de La Unión Felipe Cañoles (PPD), mediante un oficio solicitarán a la autoridad sanitaria se inicie un sumario sanitario en contra de la concesionaria Essal luego que por diversos medios de comunicación se expresara la preocupación existente en autoridades comunales en relación a la forma y el protocolo usado por la Concesionaría para retirar cañerías de Cemento Asbesto, su manipulación y posterior almacenamiento.
La solicitud se basa en lo dispuesto en en el decreto supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud. Dicho artículo establece que “las empresas que realicen el tratamiento o disposición final de sus residuos industriales fuera del predio, sea directamente o a través de la contratación de terceros, deberán contar con autorización sanitaria, previo al inicio de tales actividades. Para obtener dicha autorización, la empresa que produce los residuos industriales deberá presentar los antecedentes que acrediten que tanto el transporte, el tratamiento, como la disposición final es realizada por personas o empresas debidamente autorizadas por el Servicio de Salud correspondiente”.
En declaraciones vertidas en Radio Bio-Bio por el Jefe del Departamento de Ambiente Saludable, Jaime Tapia, el día 2 de noviembre de este año, se desprende que la concesionaria nunca ha cumplido con dicho procedimiento, ya que por protocolo debería constar en las actas y solicitudes, si así hubiese sido realizado.
Los ediles solicitan la inspección preventiva de todos los recintos y propiedad de la sanitaria destinados a albergar materiales en uso, materiales en desuso, captaciones y estanques de agua potable. Con el objeto de buscar tuberías de asbesto cemento, tomando declaración del personal de turno sobre el retiro, transporte y disposición final de estas tuberías durante los últimos 5 años y el procedimiento instruido por la concesionaria para el manejo de este agente cancerígeno.
Junto a lo anterior los concejales Cañoles y Carrasco solicitarán al departamento de operaciones de la concesionaria y, de forma separada, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el listado de renovaciones y reparaciones de redes en tuberías de fibro-cemento en los últimos 5 años. Con el objeto de cuantificar los diversos eventos en que se habría transgredido la normativa. Cabe señalar que la ley establece que todas las tuberías de fibro-cemento fabricadas antes del 2002 deben ser consideradas como portadoras de asbesto a menos que exista un informe de algún laboratorio.
Finalmente, de confirmarse el mal manejo de este nocivo material, los ediles pidirán que cada manipulación de asbesto se considere por separado y solicitaron la máxima multa establecida por la ley para esta grave infracción, es decir 1000 UTM; y se establezca la fecha de la inspección como el inicio del plazo para que las obligaciones sean exigibles con el objeto de evitar prescripción.
