Por Pedro Barrera
Abogado / Columnista noticiaslosrios.cl
Lo que el presidente describió y defendió casi con intención de naturalidad, no es otra cosa que un mecanismo de embaucamiento que se producirá a partir de lo dispuesto en el artículo 139 bis de la ley 21.076, aprobada por el Congreso en enero pasado y promovida durante el gobierno de Michelle Bachelet. Esta norma establece que el empalme y el medidor de energía eléctrica son parte de la red de distribución y, por tanto, dejan de ser propiedad del usuario perteneciendo de ahora en más a la concesionaria del servicio público.
La normativa se enmarca en un proceso de modernización gradual y prácticamente obligatorio de los medidores, que ha sido impulsado por la Comisión Nacional de Energía y las empresas distribuidoras, con el fin de registrar de manera más eficiente el consumo, aumentando la energía registrada y con ello las tarifas. Lo curioso es que estos medidores inteligentes serán de costo del cliente, pero propiedad de la distribuidora.
El problema es doble, estamos frente a una aberración jurídico-económica, pues por un lado la ley sin retribución económica alguna devalúa un objeto de propiedad del usuario al punto de hacerlo inútil (empalme y medidor actual), y por otro, lo obliga a comprar un medidor que solo un proveedor puede “vender”, y que luego de pagarlo tampoco le pertenecerá.
Demás está decir que la sola implementación de estos medidores implicará reducción de personal, y por ende de los costos de distribución, más no de la tarifa. El usuario ni siquiera puede negarse a su implementación so riesgo de ser denunciado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La declaración del presidente es entonces bastante descriptiva del Chile actual. Uno en que todos los proyectos políticos ceden ante la presión por privilegiar a la industria, uno en que el lobby carcome cualquier intento de regulación sensata, en el que la privatización de los derechos ha deformado a los mismos convirtiéndolos en bienes de consumo, transformando de paso a las personas de titulares de estos derechos a meros usuarios de un servicio, tal como ocurre con la salud, con la educación, la previsión social, etc.
Y es que el Chile al que Piñera notifica está lejos de poder reaccionar ante esta incongruente injusticia, pues se encuentra intelectualmente secuestrado por el consumo, adoctrinado por el mercado a tal punto que mira con cierta normalidad esta desviación jurídico-económica. Incluso encuentra una especie de validación en “pagar por las cosas”.
Creemos que al pagar a un privado por solventar una necesidad básica estamos haciendo uso de nuestra libertad, aun cuando el servicio provenga de un monopolio. Creemos que pagar nos reafirma como individuos, que parecer solventes nos reporta satisfacción y felicidad. Sin embargo, no nos percatamos que en realidad la lógica del consumo es una prisión que obliga a pagar por los derechos que deberían estar garantizados.
Así, el problema no es sólo jurídico, ni sólo económico, sino también social. Una sociedad vulnerada por el desconocimiento, por el aparato político y también por la pasividad y la inacción que genera la supuesta comodidad del mercado.
En lo práctico, habrá que esperar qué tipo de reacción produce en la esfera jurídica esta legislación, pues por lo pronto, son evidentes las vulneraciones a la libre competencia, el derecho de propiedad y la libertad económica. Paradójicamente, vivimos en un mercado perfecto, tan perfecto que el usuario paga por todo, hasta por lo que no será suyo.
Ninguna novedad.
