Por Dra. Karen Alfaro Monsalve
Académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales
Prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Austral de Chile
El pasado 10 de enero el Gobierno presentó el Proyecto de Ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), denominándolo «Admisión Justa». Este proyecto tendría por objetivo, entre otras medidas, reponer el modelo de selección escolar en establecimientos de alta exigencia.
La propuesta tiene la finalidad revertir los avances desarrollados a través de la Ley de Inclusión, promulgada bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet, pero que se funda en la crítica que realizó el movimiento estudiantil en las últimas décadas al principio de desigualdad social que estructura el sistema educativo del país.
La oposición, por su parte, ha presentado la llamada «Ley Machuca», que implica una cuota de inclusión correspondiente al 30% de los cupos de colegios particulares pagados para el 40% de los estudiantes pobres.
En tal escenario, las iniciativas de la clase política hacen evidente la falta de un proyecto nacional de educación, que pueda ser construido y debatido desde un amplio espectro de actores, entre los cuales debieran estar los estudiantes y los profesores como protagonistas centrales.
Curiosamente, es durante el periodo de vacaciones que aparecen estas propuestas, las cuales lejos de buscar remover el principio neoliberal de la educación, se basan en el carácter regulador y subsidiario del estado, trasladando la responsabilidad de la educación a las familias. La supuesta ventaja de la «libre elección familiar», en realidad consagra el modelo empresarial/educativo.
Por un lado, entonces, no se trata de un sistema de cuotas para hacer ingresar a «machucas» a los colegios de los «infantes»; por otra parte, la «admisión justa», que pretende instalar la discusión en torno al mérito académico, busca construir la ilusión/ ficcional de una sociedad de iguales.
El debate educativo ha retrocedido en materia de democratización a inicios del s.XX, no sólo desconociendo el largo proceso que dio origen al pacto social/educativo vigente hasta el golpe de estado de 1973, sino que además revertiendo toda posibilidad de búsqueda de igualdad social mediante la educación.
Lejos quedaron los tiempos de «Gobernar es Educar», la clase politica no esta a la altura de encarnar un proyecto de ese nivel. Por el contrario, Admisión Justa evita la discusión de fondo, que es el proyecto de educación para una sociedad profundamente desigual como la nuestra, donde ningún niño o niña merece ser pobre y mucho menos se les puede responsabilizar por «no esforzarse» para acceder a una mejor educación. Lo anterior, no sólo es profundamente injusto, sino además porta un mensaje cruel a la sociedad, normalizando la pobreza y asegurando los privilegios de clase de la élite.
