Por Dr. Patricio Rosas
Diputado por Los Ríos
Hace unos días, el Gobierno presentó el proyecto para perfeccionar la admisión escolar, donde una de las medidas que contempla dicha moción busca reincorporar el mérito en los procesos de selección de colegios. En tal sentido considero que la educación es un derecho que el estado debe garantizar y no un negocio que dependa del poder adquisitivo de los padres.
Durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, la derecha – que hoy gobierna el país- se negó de forma categórica a la gratuidad en la educación pública, reiterando en sus argumentos que «el enfoque se debía poner en el aula y en la calidad». Curiosamente ahora en el 2019 en su discurso, dicho sector político apelan al mérito para retroceder y permitir que los establecimientos educacionales seleccionen a sus alumnos para sus aulas.
Creo profundamente en la educación como un derecho, de tal forma que la actual propuesta planteada por el gobierno agudiza una desigualdad, disfrazada detrás de un supuesto mérito académico. Esta ley que impulsa este gobierno es un retroceso, volviendo a un modelo que segrega mediante la selección de alumnos, haciendo creer que la “Admisión Justa” finalmente se transforma en pocas palabras en un clasismo puro.
Expresar de parte de un Presidente de la República que la educación es una industria, nos permite visualizar lo que se busca con este Proyecto de Ley: poner en riesgo el principio de oportunidades y la libre elección de las familias chilenas.
Según las estadísticas, actualmente en 14 regiones del país el 60 % de los niños quedó en la primera opción de sus padres, a ello un 85 % quedó aceptado en alguna de las preferencias que señalaron los apoderados. Entonces, ¿por qué el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera quiere modificar esta ley, que cuantitativamente ha sido positiva?
Por supuesto que una ley puede ser mejorada, pero no basarse en un modelo que piensa en que la educación es un bien de consumo, como recordemos lo señaló el Presidente Piñera hace un par de años atrás. Apelar a que la calidad de la educación que recibe un estudiante que va en séptimo básico es una admisión justa, créanme que es una de las cosas más injustas que he leído y escuchado de este gobierno durante los últimos meses.
Quitarle a los padres la libertad de poder elegir, solo nos hace recordar que ésta es la real postura basada en una agenda de retrocesos sociales, donde apela por siempre al interés empresarial por sobre el bien del país y ciudadanos.
Si queremos seguir construyendo un modelo educacional inclusivo y de calidad, debemos aportar como una sociedad en donde ningún sector económico ni social se debe restar. Mientras tanto esta propuesta puede llamarse simplemente como una “Contrarreforma a la Educación Chilena” en los tiempos considerados para algunos como mejores.
