Por Damaris Ibarra Burgos
Estudiante de Trabajo Social
Universidad Católica Silva Henríquez
En este sentido, la elaboración de políticas públicas y su impacto en contexto COVID-19 ha dejado de lado a ciertos grupos históricamente excluidos y vulnerados en sus derechos, incrementando la urgencia en atender las necesidades sociales de la población. Se sabe que es el Estado quién debe ser el actor central del financiamiento, gestión y prestación de servicios a la ciudadanía; situación que se contradice al estar bajo un modelo neoliberal, en donde las políticas sanitarias parecieran estar beneficiando a privados, provocando que muchas personas pierdan sus trabajos y se expongan a situaciones que ponen en riesgo su salud, su vivienda, sus posesiones, etc. A decir, son políticas que están totalmente alienadas al bienestar social y que no hacen otra cosa que reproducir la racionalidad pragmática y economicista del actual gobierno.
Si hablamos desde el ámbito de la salud, está demás señalar que se ha hecho una grave omisión en la necesidad de fortalecer el sistema público a través de políticas que orienten la mejora de gestión en hospitales y fortalecimiento de la atención primaria en un marco regulatorio solidario, universal y bien financiado. Aunque esta es una pandemia que ha colapsado los sistemas de todo el mundo, en Chile se ha confirmado que la salud pública no responde a las necesidades de la población, colocando en debate la política que asume el Estado frente al área de la salud, haciendo necesaria la acción gubernamental para poder garantizar el acceso a ella como un derecho social y, así, evitar la segmentación que se genera según la capacidad de pago de cada persona (distinción entre sistema de salud pública y privada).
Un aspecto importante a develar, es la existencia de ciertos grupos de la población que se han visto mayormente afectados en contexto de encierro debido a la ausencia de políticas públicas. En primer lugar, tenemos a las mujeres que sufren violencia doméstica; las políticas a nivel sanitario no han podido responder a los nuevos problemas derivados de la interrupción casi total de los espacios de atención a personas que sufren este tipo de violencia. Si bien hay organismos gubernamentales funcionando, se refleja la ausencia de dispositivos de emergencia que garanticen una atención de calidad y respetuosa velando los derechos de las víctimas. Un segundo grupo a referir, son los niños y niñas; frente a la ausencia de una Ley de Protección Integral de la Niñez, se hace mucho más complejo poder intervenir en situaciones de violencia, exclusión y desigualdad, hechos que se han acentuado con mayor potencia en este contexto de pandemia. Si bien muchas instituciones estatales están bajo la modalidad de teletrabajo, ¿qué política pública ampara estas situaciones de vulnerabilidad desde un enfoque holístico? Muchas familias se ven en la obligación de priorizar otras necesidades antes que participar de un programa, integrarse a terapia reparatoria, o problematizar vulneraciones entendiendo que, si el niño o niña es víctima de maltrato cualquiera sea este, es fundamental hacer a la familia parte del proceso para un resultado más efectivo, sin embargo, este trabajo se ha visto debilitado en los últimos meses, ya que no se puede obligar a las familias a participar si no están dispuestas a transformar la realidad que les atañe, por estar más al pendiente de otras situaciones que les aquejan en la actualidad.
Otro grupo a considerar, son aquellos estudiantes que se encuentran bajo la dependencia del acceso a internet y dispositivos tecnológicos; una conectividad de calidad no se consideraba un bien de primera necesidad hasta hace unos pocos meses. En este sentido, la educación a distancia cobra relevancia en cuanto a su formación, por lo que este aspecto técnico se convierte en un nuevo fallo del sistema, ya que es una realidad vivenciada principalmente en los sectores populares de nuestro país, donde el participar de clases virtuales se ve dificultado o imposibilitado debido al escaso o nulo acceso a internet o computador.
A modo de conclusión, se podría pensar que el Estado chileno está en deuda con el cuidado de la población frente a la pandemia desde un punto de vista de la ciudadanía. La tardanza en las cuarentenas en diversas localidades del país, la manipulación de las cifras de contagiados y fallecidos por COVID-19, la imposibilidad de las autoridades comunales de poder tomar medidas que vayan más allá de lo establecido por las políticas públicas, la irregularidad en sanciones en cuanto a la gente que incumple los protocolos sanitarios, entre otros ejemplos, son los que poco a poco han ido denotando una falla desde el Gobierno, falla que se justifica (aunque no de forma directa) desde un interés privado por sobre el bien común. El COVID-19 puso en evidencia que vivimos en una sociedad donde los valores de la economía y de la vida se encuentran en disputa, siendo un gran desafío el diseño y ejecución de políticas públicas que puedan dar respuesta de manera holística e integral a todos los problemas que surgen a partir de crisis como estas.
