La discusión sobre cómo organizar los sistemas de Agua Potable Rural (APR) —si en múltiples proyectos pequeños o en iniciativas integradas de mayor escala— tiene consecuencias directas en la vida de las comunidades. Los casos de Daglipulli y de Folleco, en la comuna de La Unión, muestran cuellos de botella que podrían aliviarse con mayor integración y coordinación interinstitucional.
En Daglipulli, el comité de Agua Potable Rural nació en 2013 con el impulso de sus vecinos, quienes soñaban con llevar agua segura a sus hogares. Han pasado más de diez años de trabajo, gestiones y promesas, pero el sistema aún no entra en funcionamiento. “Actualmente falta solamente la ejecución de redes para tener agua”, resume José Cossio, tesorero del comité, quien detalla que el diseño está aprobado y pagado, pero sin avances en la etapa final.
El dirigente recuerda que en el sector se intentó integrar a comunidades vecinas —Chaquián, Tres Ventanas y Centinela— con el fin de agilizar las obras y reducir costos operativos. Sin embargo, los esfuerzos de coordinación no prosperaron. “Fue pedido por el senador De Urresti que nos unamos para avanzar más, y… no ha habido ningún avance”, lamenta Cossio, quien considera que la dispersión de proyectos ha sido un obstáculo constante.
Esa lentitud se mide también en vidas. En Daglipulli, la espera se ha vuelto un símbolo de resistencia, pero también de dolor. “Van veinticuatro personas fallecidas desde que estamos luchando por agua… Han muerto esperando”, confiesa el dirigente, encargado además del cementerio local. Sus palabras reflejan la dimensión humana de una crisis que no se resuelve con informes ni planos técnicos.
Mientras tanto, la comunidad se abastece mediante camiones aljibe gestionados por el municipio, lo que implica un gasto adicional para las familias. “La municipalidad nos abastece con agua potable y eso tiene un costo”, comenta Cossio, quien calcula que el comité representa a más de 400 titulares, es decir, más de mil personas que siguen dependiendo del suministro eventual. “Somos 420 titulares; multiplicado por tres o por cuatro es una gran cantidad”, agrega.
A pocos kilómetros de allí, en el APR Folleco, la realidad no es muy distinta. El comité, que reúne a más de 300 familias, fue creado en 2014 para responder a una necesidad urgente de agua potable en los sectores de Folleco y Los Conales. Sin embargo, una década después, el sistema aún no entra en operación. Hoy, la mayoría de las viviendas se abastece con agua de riego sin tratamiento. “Nos llega agua… pero no potabilizada; es para regadío. La consumimos hervida”, relata su presidente, Misael Rubilar, explicando que la escasez hídrica y la falta de infraestructura ponen en riesgo la salud y calidad de vida de los vecinos.
El dirigente explica que el proyecto llegó a la etapa de diseño, pero se estancó por un conflicto con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que exige millonarios pagos para permitir el paso de cañerías bajo la línea férrea. “EFE está cobrando 40 o 50 millones de pesos por la pasada”, denuncia Rubilar, considerando insólito que una empresa estatal cobre sumas tan altas a un proyecto de carácter social. El resultado ha sido una paralización prolongada y una creciente frustración entre los vecinos.
El problema no es solo económico, sino también administrativo. Rubilar recuerda que la empresa encargada del diseño fue contratada en 2019 y debía entregar el proyecto un año después, pero aún no lo concreta. “Desde 2019 se crearon fondos para el diseño y tenían que terminar el 2020. Estamos en 2025”, comenta, añadiendo que la falta de fiscalización y la excesiva burocracia han dejado a la comunidad atrapada entre trámites y promesas incumplidas.
Las experiencias de Daglipulli y Folleco reflejan un desafío mayor: cómo transformar los esfuerzos dispersos en una política integral de agua rural. La fragmentación de los proyectos —cada uno con su propio diseño, financiamiento y permisos— genera demoras, sobrecostos y desigualdad en la cobertura. Un enfoque integrado, con redes compartidas y una gestión territorial coordinada, permitiría optimizar recursos, reducir la duplicidad de gastos y asegurar la sostenibilidad del servicio en el tiempo.
Sin embargo, para que eso ocurra se necesita voluntad política y una visión de largo plazo. “La autoridad tiene que ponerse la mano en el pecho”, dice Rubilar, sintetizando el sentir de cientos de familias unioninas que siguen esperando que el agua, más que un derecho prometido, se convierta por fin en una realidad.
