La Contraloría General de la República resolvió abrir una investigación especial luego de que se conociera un considerable incremento en los dineros transferidos desde organismos públicos a la ONG Trekan bajo el actual gobierno. La decisión fue adoptada tras una denuncia presentada por la diputada Paula Labra (RN) y los antecedentes publicados este sábado por Bio Bio Investiga, medio que reveló que la entidad ha recibido más de $6.000 millones desde diversas instituciones estatales durante la actual administración.
De acuerdo con el Registro Central de Colaboradores del Estado, los convenios suscritos por la ONG ascendieron a $507 millones en 2020 y a $394 millones en 2021, cifras muy inferiores a las registradas en los años siguientes: $874 millones, $1.582 millones y $1.965 millones, respectivamente.
El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) ha sido el principal socio de Trekan, aportando más de $2.200 millones en el actual gobierno, principalmente en programas vinculados a la prevención de la violencia contra las mujeres. En los años anteriores, esta colaboración había alcanzado los $948 millones.
Consultada por Bio Bio, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió los procedimientos señalando que “todos los servicios han sido licitados, es decir, las contrataciones no se hacen a dedo, sino a través de un concurso público con distintos oferentes en donde se entregan opciones”.
En términos de recursos, la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) también destacan como importantes aportantes, con transferencias de $998 millones y $689 millones respectivamente. Sin embargo, en este último caso la denuncia presentada por Labra cuestiona un proceso en particular: la licitación del “Plan Habitabilidad 2022” en Punta Arenas, declarada desierta en diciembre de 2022 porque ningún oferente alcanzó el puntaje mínimo exigido. La ONG Trekan obtuvo 3,05 puntos, pero —según la denuncia— el proyecto fue igualmente adjudicado mediante trato directo.
A través de un oficio, la Contraloría informó que los traspasos a la ONG “serán objeto de una investigación especial por parte de la División de Fiscalización de esta Contraloría General”. La diputada Paula Labra calificó la decisión como “una buena noticia” y sostuvo que “es perfectamente plausible que el caso de esta ONG se transforme en un nuevo caso convenios”.
La parlamentaria además llamó a considerar “los importantes vínculos políticos del hermano del director de la ONG, quien es un activo colaborador de campañas políticas del Frente Amplio”. En su denuncia, la legisladora se refirió a Jonatán Fuentealba, presidente del directorio de Trekan y hermano de Isaac Fuentealba, exasesor del exvicepresidente de la Convención Constitucional Jaime Bassa y excandidato a concejal por el Frente Amplio en Viña del Mar.
Desde la ONG descartaron cualquier irregularidad y afirmaron que “Isaac Fuentealba no es ni ha sido parte de la ONG” y que “ni Jonatán Fuentealba ni ninguno de sus directores tiene militancia política”.
La Contraloría indicó que, una vez finalizada la investigación especial, los resultados “serán comunicados oportunamente y publicados en el sitio web institucional”.
