El destino de Rosana Bernarda Vera Contardo, profesora primaria y militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, parecía sellado desde el 10 de octubre de 1973, cuando fue detenida en Trafún, provincia de Valdivia. Desde entonces, su nombre integraba la lista oficial de detenidos desaparecidos del régimen militar consignada en el Informe Rettig. Sin embargo, un reportaje de Chilevisión y el medio Reportea aseguró que la mujer estaría con vida, residiendo en la ciudad argentina de Mar del Plata.
Vera, que en los años previos al golpe vivió en Valdivia y luego se trasladó a Neltume para ejercer como profesora en una escuela rural de Puerto Fuy, también trabajó en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli. Según versiones de la época, se le sindicaba como parte de un grupo armado que intentó atacar el retén de Carabineros de Neltume. La creencia oficial sostenía que había sido ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén, lo que la convirtió en víctima de desaparición forzada.
La presidenta de la Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia, Ida Sepúlveda, recordó a su amiga: “Fuimos compañeras y amigas en aquellos años. Era una mujer alegre, con muy buenas propuestas de acuerdo a los tiempos que estábamos viviendo… todos eran del MIR”. Afirmó que después del 11 de septiembre de 1973 nunca más volvió a verla.
No obstante, testimonios como el de José Bravo, exmilitante del MIR, pusieron en duda la versión oficial, asegurando que Vera logró huir hacia la montaña junto a un grupo de compañeros que más tarde escapó a Argentina y Suecia. Documentos del Servicio de Migraciones sueco confirman que en 1978 se le otorgó un visado y residencia con su identidad, y que en 1984 adquirió la nacionalidad sueca, perdiendo la documentación chilena. Años más tarde habría retornado a Sudamérica.
Chilevisión ubicó en Mar del Plata a una mujer llamada Bernarda Vera con fecha de nacimiento coincidente —aunque con un año distinto al registrado en Chile— y cuyo hijo reconoció públicamente: “Ella siempre supo que este momento llegaría, pero no tiene miedo a nada”. Según el reportaje, la mujer ha optado por no referirse a su pasado y pidió, a través de su familia, “solo vivir en paz”.
El hallazgo desató críticas al Gobierno y al Plan Nacional de Búsqueda. Sandro Gaete, exjefe de la Brigada de DD.HH. de la PDI, sostuvo que “el Plan Nacional de Búsqueda conocía esta información desde hace más de un año y medio”. Gaete renunció en medio de la controversia, acusando que el caso no fue denunciado oportunamente.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, respondió que la primera información “documental y concreta” llegó recién en mayo de 2025, aunque Reportea reveló que Cancillería ya había informado tanto a las autoridades como a la familia un mes antes.
Frente a la polémica, el ministro en visita y presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, abrió un cuaderno reservado para indagar si el Estado actuó con la debida diligencia en el esclarecimiento del caso de Bernarda Vera.
