En mayo pasado, el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, convocó a un grupo de expertos de distintas sensibilidades políticas para estudiar recortes y medidas de ahorro más estructurales en el gasto público, como parte del plan de ajuste anunciado por el Ejecutivo. Cuatro meses después, el nuevo titular de la cartera, Nicolás Grau, recibió el informe final de esta comisión, integrada por María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga.
De acuerdo con lo publicado por El Mercurio, el documento contempla 34 propuestas, de las cuales 16 corresponden a reducciones de gasto, con un impacto estimado de $1.941.888 millones anuales en el largo plazo, equivalente a un 0,6% del PIB, es decir, unos US$1.996 millones.
Entre las principales recomendaciones, destaca el cierre de instituciones relevantes del Gobierno Central. La propuesta N°28 plantea reorganizar funciones del denominado “centro de gobierno”, reubicando atribuciones de la Secretaría General de Gobierno en el Ministerio del Interior, incluida la vocería que hoy ejerce la ministra Camila Vallejo, así como materias de desconcentración regional y participación ciudadana.
Asimismo, se sugiere integrar la oferta programática de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) “para eliminar duplicidades, simplificar rutas de atención y fortalecer la efectividad y visibilidad de las políticas de género bajo una sola institucionalidad”.
Respecto al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), el informe propone evaluar su pertinencia “dada la experiencia de múltiples órganos con programas para jóvenes”, además de reubicar instrumentos como el Observatorio y la Tarjeta Injuv en instituciones con mayor incidencia programática.
En materia de educación superior, el grupo de expertos recomienda “evaluar la incorporación de un límite etario para acceder al beneficio de la gratuidad estudiantil”, restringiendo el acceso a quienes inicien sus estudios después de los 30 años. La medida excluiría a carreras técnicas y no afectaría el acceso a otras formas de financiamiento. También se plantea terminar con el mecanismo de expansión automática de la gratuidad a deciles superiores de ingresos, limitando la cobertura al séptimo decil y condicionándola a la existencia de holgura fiscal.
Otras medidas incluidas en el informe son la eliminación de la llamada “glosa republicana” —que permite a un gobierno dejar provisiones al siguiente— y su reemplazo por una facultad acotada del Presidente para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gestión. También se propone congelar las dotaciones de personal en 2026, exceptuando traspasos en educación y salud, no reponer cargos sujetos a incentivo al retiro y reducir contrataciones en programas transitorios.
Estas propuestas se enmarcan en las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la situación de las finanzas públicas y el incumplimiento de la meta de déficit de 2024.
