Con éxito de convocatoria se realizó el viernes 29 de agosto, en el Auditorio del Colegio Alemán de La Unión, el 2° Seminario “Fortaleciendo la protección a la niñez y la adolescencia”. El encuentro reunió a más de 200 personas, entre profesionales, autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas, consolidándose como un espacio de reflexión y coordinación en torno a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar.
El juez titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de La Unión, Cristian Seura Gutiérrez, recalcó la importancia de generar instancias de trabajo conjunto: “La importancia está determinada por la situación de vulneración y afectación de derechos de los niños, lo que requiere coordinación entre todas las redes e instituciones. Estas instancias permiten establecer mecanismos de coordinación, aunar criterios y facilitar un trabajo posterior más eficaz”, afirmó.
En ese sentido, el magistrado destacó que la coordinación no implica mayor carga de trabajo para el tribunal, sino todo lo contrario. “Cuando no se coordinan los esfuerzos, la carga laboral es mayor. La coordinación es una inversión que en el futuro permitirá disminuir esa carga y, al mismo tiempo, garantizar de mejor manera los derechos de la ciudadanía. Esta instancia nace de las propias redes de La Unión, no de un mandato externo, lo que refuerza su legitimidad y compromiso”, agregó.
Por su parte, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcela Araya, valoró que la actividad se realizara en La Unión y no en la capital regional. “No es frecuente que se realicen seminarios de esta naturaleza fuera de las capitales regionales. La presencia de más de 200 personas da cuenta de lo importante que es salir de las grandes ciudades. Además, siempre es fundamental aunar miradas multidisciplinarias, porque acá hay profesionales de varias áreas que deben actuar coordinadamente para lograr los mejores resultados en un tema que nos interesa a todos: la niñez”, señaló.
La ministra Marcela Araya además subrayó la necesidad de dar visibilidad a estas problemáticas en distintos territorios. “Me interesa que el Poder Judicial llegue a las comunas, porque esta es una manera concreta de hacerlo. La coordinación intersectorial puede incidir directamente en la vida de niños, niñas y adolescentes, y estas instancias permiten avanzar desde los discursos hacia acciones concretas que impacten en sus vidas”, puntualizó.
Desde el ámbito de la protección, la directora regional subrogante del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Carolina Lillo Espejo, advirtió sobre la gravedad de la situación. “Cada día son más los niños, niñas y adolescentes que ingresan a la red proteccional. Las situaciones de vulneración son graves y hoy día hay una crisis. Esta iniciativa del tribunal de La Unión es muy importante porque releva un mandato legal de la Ley de Garantía: trabajar todos de la mano, salud, educación, protección y tribunales, para dar respuesta”, expresó.
Asimismo, Lillo hizo un llamado urgente a fortalecer la acción conjunta para enfrentar la creciente demanda. “En los últimos cuatro años hemos doblado los programas y aun así no damos abasto, tenemos listas de espera. Esto nos obliga a mirar más allá de los protocolos y analizar qué ocurre en los hogares y en los colegios, porque la demanda aumenta. Por eso es clave que todas las instituciones nos sentemos a analizar las causas y trabajar en conjunto para dar soluciones oportunas”, enfatizó.
La consejera técnica del Tribunal de Letras, Garantía y Familia de La Unión, Aurora Garcés Azócar, señaló que este seminario busca visibilizar las necesidades y mantener activa la articulación con actores clave de la comuna. “Hoy tenemos listas de espera considerables en los programas de la red de protección, con niños que esperan entre seis meses y un año y medio para ingresar. Por eso es necesario articular la red con docentes y profesionales de salud, mantener visibilizados estos casos y que los establecimientos conozcan los programas de protección y curaduría”, explicó.
En esa línea, Garcés recalcó el rol de los establecimientos educacionales y de salud como aliados estratégicos en la detección temprana. “Necesitamos que los colegios y los servicios de salud conozcan cómo funcionan los tribunales de justicia y los programas de protección, para así coordinarse de forma más activa y eficaz. Solo de esa manera podremos garantizar de mejor forma los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, agregó.
Finalmente, el consejero técnico del Tribunal de Familia de La Unión y psicólogo, Guillermo González Aburto, apuntó a la urgencia de sensibilizar a los actores clave. “Este seminario nace con el interés de relevar la importancia de articular en red para intervenir en los casos de vulneración de derechos. Hoy la convocatoria de más de 200 profesionales y autoridades demuestra que necesitamos confluir y potenciar la acción conjunta”, indicó.
González enfatizó el papel de las escuelas como espacios prioritarios de protección. “Los establecimientos educacionales tienen un rol clave porque son los principales ojos para las redes, ya que los niños pasan la mayor parte de su tiempo allí. Sensibilizar a estos actores es fundamental para interrumpir oportunamente cualquier vulneración. Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en la vida de un niño, y esa es la esencia de este seminario”, concluyó.
La jornada incluyó ponencias de especialistas en psicología, trabajo social, derecho y magistratura, quienes abordaron desde las orientaciones de intervención en casos graves de violencia hasta los desafíos legales a un año de la entrada en vigencia de la ley 21.675. El éxito de la convocatoria ratifica la importancia de avanzar en el trabajo colaborativo para garantizar el respeto y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en la Región de Los Ríos.
