Contraloría detecta incumplimiento de Ley de Lobby por parte del seremi de Transportes en reuniones con candidato oficialista

La Contraloría Regional de Los Ríos instruyó al SEREMI de Transportes, Jean Ugarte, a regularizar reuniones sostenidas con el exconsejero regional y actual precandidato a diputado por el Frente Amplio Matías Fernández, tras constatar que no fueron registradas en la plataforma de Ley del Lobby, pese a tratarse de gestiones que debieron ser informadas. El organismo desestimó, en paralelo, eventuales infracciones a la probidad o prescindencia política.

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Un incumplimiento a la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones de intereses particulares, fue detectado por la Contraloría Regional de Los Ríos en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT), tras analizar las reuniones sostenidas entre su titular, Jean Ugarte Ayala, y el exconsejero regional y actual precandidato a diputado, Matías Fernández.

De acuerdo con el dictamen emitido el 9 de julio de 2025 (E115096/2025), el ente fiscalizador constató que el SEREMI se reunió al menos en dos oportunidades con Fernández: una primera vez para recibir personalmente una carta solicitando solución al transporte escolar de la Escuela Diferencial Walter Schmidt de Valdivia, y una segunda, para comunicarle los resultados de la gestión.

Pese a tratarse de audiencias destinadas a influir en decisiones administrativas –como la implementación de un servicio subsidiado de transporte escolar–, ninguna de estas reuniones fue registrada en la plataforma de Ley del Lobby, como lo exige la normativa vigente.

“Verificada la Plataforma Ley del Lobby, no consta de los registros de audiencia pública que el señor Jean Ugarte haya dejado constancia de las reuniones sostenidas con el señor Matías Fernández”, indica el documento firmado por la contralora regional (S), Paula Alejandra Martínez Zelaya. Por ello, instruyó a la SEREMITT “regularizar esa situación” y adoptar medidas para evitar que se repita en el futuro.

La investigación se originó por denuncias ciudadanas que apuntaban también a un posible uso político del anuncio del servicio de transporte, luego que Fernández difundiera un video junto al SEREMI en sus redes sociales. No obstante, tras revisar el material, la Contraloría desestimó que existiera proselitismo político o uso de recursos públicos con fines electorales, ya que no se identificó promoción de candidaturas ni menciones explícitas a campañas.

Revisa la resolución de Contraloría a continuación:

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