Reacciones de rechazo ha provocado la decisión del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia de negar la participación de las comunidades aledañas al río San Pedro en la causa que busca la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto salmonero de la empresa Salmones Antártica, cuya autorización data del año 2008.
El conflicto se remonta a una acción presentada por vecinos y organizaciones sociales que acusan potenciales impactos ambientales derivados de las faenas de la piscicultura instalada en el sector. Dicha solicitud apuntaba a que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) declarara caducada la RCA, argumentando que el proyecto no había ejecutado obras durante más de cinco años.
No obstante, la SMA desestimó la denuncia, señalando que “no se configuraban las acusaciones, ya que no transcurrió un período superior a cinco años sin ejecutarse las obras”. Frente a ello, se interpuso una reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental, donde las comunidades buscaron ser parte activa del proceso.
Sin embargo, en los últimos días, el tribunal rechazó su incorporación al procedimiento, indicando que “no se logró comprobar que las comunidades realicen actividades productivas en el área donde se ejecutan las obras”. De acuerdo con el fallo, no habría evidencia suficiente de que las personas que solicitaron hacerse parte dependan directamente del río para actividades como la agricultura, la pesca artesanal o el abastecimiento de alimentos.
La abogada Alejandra Donoso, de la ONG Defensoría Ambiental y representante de las comunidades, calificó la resolución como un retroceso: “Es una decisión que va en contra de los avances en la justicia ambiental”, sostuvo. La profesional anunció que presentarán un recurso de reposición para que el tribunal reconsidere su postura, agregando que la exclusión de las comunidades constituye “una equivocación que desconoce su vínculo histórico y territorial con el río”.
Mientras tanto, aún está pendiente la resolución de las medidas cautelares solicitadas por las comunidades, que buscan la paralización total de las obras de la piscicultura hasta que se reprogramen los alegatos. Dichas audiencias han sido aplazadas en reiteradas ocasiones por falta de quórum en el tribunal.
