El país enfrenta un nuevo escándalo por el aumento de las cuentas de la luz, luego de que un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cálculo de las tarifas eléctricas aplicado entre 2024 y 2025. Según el documento, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue considerado dos veces en el proceso de ajuste, lo que provocó que los hogares pagaran un sobrecosto estimado en más de US$116 millones.
La situación generó indignación entre los consumidores y abrió una crisis política que afecta directamente al Ministerio de Energía. Desde la oposición acusan negligencia en la supervisión de la CNE y anunciaron una acusación constitucional contra el ministro Diego Pardow.
En el Congreso, la bancada de la UDI confirmó que impulsará la acción, a la que se sumaron Demócratas y Republicanos. En el oficialismo, las opiniones también se dividieron: el diputado Jaime Mulet (FRVS) pidió la salida del ministro, mientras que Karol Cariola (PC) recalcó que “alguien tiene que asumir la responsabilidad. Si es el ministro o la persona a cargo de esos cálculos, tiene que ocurrir”.
El informe técnico, dado a conocer por T13, detalla que el doble uso del IPC infló artificialmente las tarifas durante dos años consecutivos, impactando directamente en los bolsillos de los consumidores. “No es un cambio metodológico sino un error en la tasa aplicada”, explicó la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, mientras que el economista Patricio Rojas advirtió que “el impacto final de las tarifas en enero de 2026 se terminará decidiendo cuando se completen los procesos de fijación de precios de transmisión y distribución eléctrica”.
Desde el Ministerio de Energía, el ministro Pardow intentó contener la polémica señalando que “mi cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la República” y que el ajuste corresponde a una “modificación metodológica”. Sin embargo, el argumento no logró frenar las críticas ni calmar el malestar ciudadano por las alzas sostenidas en las cuentas eléctricas.
El escándalo se suma a una serie de episodios que ya habían tensionado la gestión energética. En noviembre de 2024, el Gobierno enfrentó un fallido proceso de postulación al subsidio eléctrico, que esperaba beneficiar a 4,7 millones de hogares, pero solo logró llegar a 1,9 millones debido a problemas en la plataforma y falta de apoyo presencial.
A ello se suman los conflictos con la industria por las propuestas de financiamiento del subsidio y la frustrada idea de crear una empresa eléctrica estatal, que fue descartada incluso dentro del gabinete. Además, el alza de tarifas de hasta 57% aplicada en 2024 —tras años de congelamiento desde el estallido social— generó molestia en amplios sectores, al coincidir con un escenario económico complejo y previo a las elecciones municipales.
Hoy, el error en la aplicación del IPC se ha convertido en el símbolo del descontento por el costo de la energía. Organizaciones de consumidores exigen compensaciones y transparencia, mientras el Congreso se prepara para una áspera discusión política en torno a las responsabilidades del Gobierno en este nuevo golpe al bolsillo de las familias.
