La investigación por presunto fraude al fisco y malversación de fondos fiscales en el Liceo Técnico Profesional de Río Bueno se extendió por más de ocho años y finalizó con la decisión de la Fiscalía Local de no perseverar en el procedimiento.
El Fiscal Adjunto de Río Bueno, Sergio Alexis Fuentes Paredes, comunicó el 2 de julio de 2025 que “no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, cerrando así un proceso iniciado en 2017 a partir de una denuncia de la Municipalidad de Río Bueno.
La auditoría del municipio y la denuncia
El 3 de mayo de 2017, la Municipalidad de Río Bueno presentó una denuncia ante el Ministerio Público, derivada de un sumario administrativo, para investigar presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Liceo Técnico Profesional. La acción tuvo como base el Informe de Auditoría N° 1620, de mayo de 2015, que detectó un conjunto de anomalías financieras y administrativas en el establecimiento.
Entre los hallazgos de la auditoría se mencionan cheques emitidos con una sola firma, documentos anulados que igualmente aparecían cobrados, operaciones bancarias sin respaldo, pagos por adquisiciones que nunca ingresaron al liceo, supuestos préstamos a particulares y uso de fondos institucionales en reparaciones de vehículos privados. Además, se registraron faltantes de combustibles, leña, materiales y mercaderías, hechos respaldados en el informe con cartolas bancarias, facturas, guías de despacho y testimonios de docentes, asistentes y exdirectivos.
La denuncia también señaló ejemplos de compras inexistentes o mal rendidas, reparaciones injustificadas y utilización de fondos públicos en beneficio de terceros, lo que evidenciaba, de acuerdo al documento, un patrón reiterado de manejo irregular de los recursos. En su escrito, la Municipalidad solicitó a la Fiscalía determinar las eventuales responsabilidades administrativas y penales, subrayando la importancia de resguardar la identidad del denunciante en conformidad con la Ley N° 20.205 sobre probidad administrativa.
El desenlace judicial
Pese a los antecedentes aportados por la auditoría, la investigación no logró acreditar delitos penales. En conversación con este medio, Juan Antonio Unión, uno de los imputados, sostuvo: “Hace muchos años atrás se inició una investigación por la cual cinco personas fuimos imputadas (…). Al final salió una resolución de la Fiscalía en la cual se decidió no perseverar en la causa porque no hay ningún fundamento que acredite que haya habido delitos”.
El docente recalcó que la resolución confirmó su postura de años: “Se investigaba fraude al fisco y malversación de fondos fiscales. La verdad de las cosas es que siempre sostuvimos que nunca había habido delitos y la Fiscalía nos dio la razón”.
Sobre los sumarios administrativos, Unión afirmó que “ya carecen de sustento penal. Por lo tanto, aparte de estar extemporáneos, no hay nada más que hacer. Nunca hubo sanciones de ningún tipo para nadie. Como no hubo sanción y ahora cayó la causa penal, ya no tiene sustento”.
Con esta decisión de no perseverar, dictada en julio de 2025, la Fiscalía de Río Bueno dio término definitivo a un caso que se extendió por más de ocho años, y que si bien estuvo respaldado por un informe de auditoría con observaciones graves, concluyó sin que se acreditaran responsabilidades penales.
¿Qué significa que la Fiscalía no persevere?
La decisión de no perseverar implica que, tras varios años de investigación, la Fiscalía concluyó que no existen antecedentes suficientes para sustentar una acusación penal ante los tribunales. En otras palabras, el Ministerio Público determinó cerrar el procedimiento sin formalizar cargos contra los imputados. Esta resolución no necesariamente descarta la existencia de irregularidades administrativas, pero sí establece que no se acreditaron delitos en el ámbito penal, por lo que los involucrados quedan sin condena y la causa se archiva.
