En su versión actual, el texto presenta tres problemas críticos que, según especialistas, requieren una corrección urgente: el llamado “período de enfriamiento” (una pausa artificial en el otorgamiento de licencias), la aplicación de impuestos de forma retroactiva o mediante regímenes fiscales alternativos, y una carga tributaria excesiva. Estas medidas no solo contradicen garantías constitucionales básicas, sino que afectan la lógica económica de la regulación y empujan tanto a usuarios como a operadores hacia el mercado ilegal.
El problema del “período de enfriamiento”
Este mecanismo establece una pausa artificial durante la cual se prohíbe a ciertos actores obtener licencias o realizar actividades, incluso si cumplen con todos los requisitos legales. En la práctica, genera barreras de entrada selectivas, dividiendo a los potenciales licenciatarios en “aceptados” y “postergados”. Esto reduce la competencia y la calidad de los servicios, además de vulnerar el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria en materia económica. Cuando el Estado otorga preferencias sin una justificación sólida y proporcional, debilita la confianza en el sistema regulatorio incluso antes de su puesta en marcha.
Retroactividad y regímenes fiscales alternativos
Otro punto conflictivo es la propuesta de gravar operaciones realizadas antes de la entrada en vigencia de las nuevas normas, así como aplicar regímenes fiscales alternativos que cambien la base imponible sin una transición clara. Esto vulnera el principio de certeza jurídica: las empresas tienen derecho a conocer con anticipación las consecuencias tributarias de su actividad. Cambiar las reglas a posteriori pone en riesgo el derecho de propiedad, aumenta la incertidumbre regulatoria y ahuyenta a los operadores serios que Chile necesita para desarrollar un mercado formal.
Impacto económico previsible
El “período de enfriamiento” y la tributación retroactiva expulsan a los actores que cumplen la ley, creando condiciones iniciales desiguales e impredecibles. Esto favorece el crecimiento del mercado informal: los usuarios migran hacia ofertas más baratas y accesibles, mientras que los operadores buscan entornos con menores riesgos regulatorios. El resultado es claro: menos transacciones registradas, menor supervisión del juego responsable, mayor vulnerabilidad para los consumidores y, sobre todo, menores ingresos fiscales.
Carga tributaria desproporcionada
Tras la legalización, las tasas elevadas sumadas al IVA para apuestas y juegos en línea encarecen la oferta regulada frente a la ilegal, incentivando el traslado de la demanda hacia la informalidad. La experiencia internacional muestra que la tasa efectiva de impuesto al juego debe rondar el 20% para equilibrar recaudación y viabilidad empresarial. En la mayoría de las jurisdicciones desarrolladas, el IVA sobre las operaciones en línea no se aplica o se compensa reduciendo otros tributos, evitando así que el mercado migre al sector no regulado.
Dimensión constitucional
Las disposiciones sobre “período de enfriamiento” y tributación retroactiva o mediante regímenes alternativos chocan con el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria en materia económica y el derecho de propiedad. Además, no cumplen con el principio de proporcionalidad: los objetivos de ordenar el mercado y proteger al consumidor pueden alcanzarse con medidas menos restrictivas.
Propuestas de ajuste
Eliminar el “período de enfriamiento” como herramienta anticompetitiva y discriminatoria. El mercado debe abrirse simultáneamente para todos los operadores que cumplan con los requisitos de licencia y estándares de juego responsable.
Suprimir la retroactividad y los regímenes fiscales alternativos, estableciendo un período de transición claro, con fechas definidas y reglas estables.
Revisar el modelo fiscal: fijar una tasa efectiva del 20% y eliminar el IVA para las plataformas de apuestas y juegos en línea. Esto equilibraría los precios de la oferta legal, incentivaría la formalidad y aseguraría ingresos fiscales sostenibles.
Una buena regulación no es condescendencia
Una regulación bien diseñada no es un favor a la industria, sino una forma inteligente de reemplazar el desorden por reglas claras. Cuando estas son proporcionales, predecibles e iguales para todos, el Estado gana doblemente: recauda impuestos y controla los riesgos, mientras la sociedad obtiene protección para los jugadores y competencia leal.
El proyecto de ley N.º 14838-03 puede y debe llegar a ese punto: sin “período de enfriamiento”, sin impuestos retroactivos y sin distorsiones tributarias; con un sistema de licencias claro, una tasa razonable del 20% y sin IVA para las operaciones en línea. Solo así Chile logrará una legalización efectiva, con transacciones visibles, juego responsable e ingresos fiscales predecibles.
