El proyecto de ley N.º 15975-25, oficialmente dedicado a crear un subsistema de inteligencia económica y combatir el crimen organizado, contiene una disposición que ya genera seria preocupación entre los operadores de iGaming. Se trata de una norma que amplía el Código Penal de Chile, estableciendo de facto responsabilidad criminal por el juego en línea no autorizado, incluso antes de que exista una regulación sectorial.
En el texto del proyecto esto se establece en el artículo 24, que prevé modificaciones a los artículos 275-278 del Código Penal chileno. La nueva redacción se refiere a “juegos de azar ilegales”, que incluye directamente la actividad de plataformas que actualmente no poseen licencia nacional. Y dado que el sistema de otorgamiento de tales licencias aún no existe (debe crearse en el marco de otro proyecto de ley, el N.º 14838-03), todos los operadores actuales quedan bajo amenaza de persecución penal por el simple hecho de existir.
Violación del principio de certeza jurídica
El mayor problema de esta norma radica en su carácter anticipatorio. Una ley que aún no ha establecido las reglas ya prevé sanciones por violarlas. Este enfoque contradice los principios básicos del Estado de derecho, específicamente el de certeza jurídica, según el cual todo sujeto debe poder conocer de antemano qué conducta es legal y cuál no.
En este caso, las empresas no tienen ningún instrumento para legalizar su actividad: no existen requisitos claros para licencias, no hay mecanismo para presentar solicitudes, no existe un regulador sectorial que examine la documentación. Al mismo tiempo, la amenaza de persecución penal se cierne sobre toda la industria, incluso sobre aquellos operadores que ya están dispuestos a trabajar de manera transparente y responsable.
Descrédito de la política estatal y perjuicio al presupuesto
Muchos expertos ya advierten que la aprobación de esta disposición en su forma actual no solo complicará el lanzamiento del futuro sistema de legalización del iGaming, sino que anulará su efecto. Incluso aquellos operadores que planeaban obtener licencias pueden irse a la clandestinidad o abandonar el mercado antes del lanzamiento de la ley sectorial. Después de todo, ¿quién invertiría en un país donde primero criminalizan tu actividad y luego te proponen legalizarla?
Esta lógica crea una consecuencia paradójica: en lugar de llenar las arcas del Estado, Chile corre el riesgo de provocar pérdidas presupuestarias. Cuantas más empresas se vean obligadas a trabajar fuera del sistema, menos impuestos pagarán. Y menor será el control sobre un sector donde es especialmente importante garantizar mecanismos de juego responsable, protección de menores y lucha contra la ludopatía.
Amenaza a la reputación internacional
En el mundo actual, el iGaming no es un sector gris, sino una industria de alta tecnología plenamente desarrollada que regulan la mayoría de los países líderes. Reino Unido, España, Colombia, Estados Unidos: en cada uno de estos países existe una relación sensata entre licenciamiento, tributación y supervisión. Y lo más importante: ninguna jurisdicción comenzó con criminalización.
Mientras Chile envía señales contradictorias, los operadores internacionales —incluyendo Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin— observan atentamente la situación. En caso de que la ley se apruebe en su forma actual, el país puede perder su confianza por mucho tiempo o para siempre.
Necesidad de corrección
Considerando todo lo mencionado, la disposición sobre responsabilidad penal por juego en línea no autorizado debe ser eliminada del proyecto de ley N.º 15975-25 o, como mínimo, postergada hasta el momento del lanzamiento de una regulación sectorial completa. Solo después de la aprobación de una ley especial sobre iGaming, la creación del regulador y la implementación del mecanismo de licenciamiento, se podrá evaluar el cumplimiento de los operadores con la ley y, en caso necesario, aplicar sanciones.
Una regulación inteligente siempre es un equilibrio. Y hoy ese equilibrio es extremadamente frágil. Un paso en falso y Chile perderá no solo el futuro mercado, sino también la posibilidad de influir en él.
