El presidente nacional de concejales y concejalas de Chile, Cristóbal Escobar Salinas, denunció un incremento sostenido en las amenazas que reciben autoridades locales en el ejercicio de sus funciones.
“Hoy 2 de cada 3 concejales señalan haber recibido algún tipo de amenazas, presión indebida o haber sentido miedo o inseguridad en el ejercicio de sus funciones; especialmente cuando se enfrentan a aprobación o rechazo de patentes de alcohol, cierres de narco barberías, bares o locales nocturnos vinculados a delitos, o incluso con el solo hecho de denunciar públicamente grupos delictuales o bandas que operan en sus comunas”, afirmó Escobar.
El caso de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida desde el 15 de junio, fue expuesto como una señal de la vulnerabilidad de las autoridades locales. “Se cumplen 60 días de su desaparición y su último registro está en cámaras de seguridad que la sitúan a las 2:09 a.m., dirigiéndose hacia el sector de La Balsa. En 60 días no hay indicios concretos sobre su paradero”, señaló Escobar.
El dirigente también recordó que González habría recibido amenazas en el marco de denuncias por presuntas irregularidades cometidas en el municipio. “El caso de Villa Alegre no es aislado. En distintas comunas del país, concejales han denunciado presiones, amenazas y hostigamientos por parte de grupos delictuales, bandas o actores políticos”, agregó.
Escobar advirtió que, a diferencia de parlamentarios o ministros, los concejales no cuentan con medidas de resguardo. “La Ley Orgánica de Municipalidades no contempla protocolos específicos ante amenazas, y los recursos para protección suelen depender de gestiones personales ante Carabineros o el Ministerio del Interior u hoy Ministerio de Seguridad Pública”, explicó.
Ante este panorama, anunció que “en los próximos días, entregaremos un oficio con los casos al Ministerio del Interior a fin de solicitar las medidas de seguridad e investigación que permitan enfrentar este complejo escenario”.
Finalmente, enfatizó que la violencia política no se expresa únicamente en agresiones físicas, sino también en el miedo constante a represalias por ejercer un rol fiscalizador. “Incluso, tenemos concejales amenazados de muerte con denuncias en manos del Ministerio Público”, puntualizó.
