Pablo Anwandter, vocero de la familia, explicó que “nosotros como familia tenemos nuestra postura en defensa de la propiedad de mi papá, que fue adquirida en el año 2008 por herencia. Nosotros tenemos los documentos y los planos de dicha propiedad inscritos en el conservador de bienes raíces de Valdivia. Vialidad llegó allá con un proyecto de asfalto para la comunidad, el cual enroló un tramo de terreno de mi papá y lo transformó en una servidumbre pública sin la autorización de él”.
El vocero aseguró que han solicitado en reiteradas ocasiones los antecedentes técnicos de la intervención, sin respuesta: “Le hemos pedido información a Vialidad y ellos no nos han proporcionado ningún documento, ningún plano donde podamos ver las fajas que ellos enrolaron y hicieron pública”.
El conflicto escaló hace algunos días, cuando, según Anwandter, “fuimos desalojados por la fuerza pública por orden del delegado presidencial mediante una resolución administrativa”, a pesar de que el proceso administrativo aún estaría en trámite en la Subsecretaría del Interior.
Respecto al nuevo puente, el representante familiar enfatizó: “No estamos en contra de la construcción del puente. Solamente hemos manifestado que necesitamos un puente que cumpla con las dimensiones de lo que se dejó escriturado en el reparto del campo”, añadiendo que “todo ha sido por la fuerza y nosotros estamos ahí viendo qué acciones podemos seguir”.
Sin embargo, desde el MOP Los Ríos entregaron una versión distinta de los hechos. Explicaron que en 2022, tras el colapso de un puente en Pilolcura, la Municipalidad de Valdivia solicitó a Vialidad aceptar la donación de una faja de terreno ofrecida por un particular para reconstruir el viaducto. La solicitud fue rechazada al no tratarse de un camino público, aunque posteriormente el municipio pidió la extensión de la ruta certificando su utilidad social, lo que fue aprobado por el nivel central en septiembre de 2024, extendiendo la vía hasta el kilómetro 12,3.
Posteriormente, la Dirección de Obras Hidráulicas inició un contrato de emergencia para control de cauce e instalación de cajones de hormigón que permitan el tránsito seguro de personas y vehículos durante crecidas del estero. Según el MOP, estos trabajos requerían utilizar el camino, “el cual fue cerrado por el señor Gustavo Anwandter, quien asegura ser dueño de la faja”. La cartera precisó que el afectado interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, que fue rechazado “por tratarse de un derecho de dominio sin certeza respecto de la faja del camino”.
Finalmente, el MOP indicó que, para retomar las obras, la Dirección de Obras Hidráulicas solicitó a la Delegación Presidencial el auxilio de la fuerza pública “para despejar los cercos que obstruían el camino”.
El vocero de la familia cuestionó además la falta de transparencia: “No hay ningún letrero, algún cartel donde digan la información del proyecto, de qué se trata, los dineros invertidos, los plazos. No hay ningún tipo de información”. Reiteró que “no estamos en contra de un puente y una mejora para el sector, pero todo eso tiene que ir de la mano con el respeto a la propiedad privada”.
