Según la investigación de CIPER, los cargos —aunque no aparecen desglosados ni son informados a los usuarios— fueron incorporados como parte del proceso de reajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) y estarían destinados a costear las indemnizaciones que por ley deben recibir los consumidores afectados por interrupciones del servicio.
En una cuenta promedio de $100.000, estos ítems equivaldrían a $520. CIPER advierte que casi siete millones de clientes residenciales estarían pagando estos montos sin saberlo, en nueve de las doce Áreas Típicas de Distribución. Las distribuidoras implicadas incluirían a Enel, CGE, Chilquinta, Saesa, entre otras.
El origen del mecanismo, explica CIPER, se remonta al retraso de más de tres años en la actualización del VAD, lo que llevó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) a proponer una fórmula técnica que evitara alzas tarifarias significativas. Sin embargo, el resultado —según el medio— fue que el costo de las compensaciones fue traspasado a los propios usuarios.
Ante la publicación, la CNE emitió una declaración pública el 22 de julio en la que negó categóricamente la existencia de un cargo específico destinado a compensaciones por cortes. Según el organismo regulador, los parámetros mencionados por CIPER forman parte del diseño tarifario técnico y no constituyen un fondo o cobro directo para financiar indemnizaciones.
“La metodología tarifaria adoptada evitó un alza promedio del 37% en las tarifas de distribución”, señaló la entidad, explicando que se buscó un “modelo de eficiencia” que equilibrara los intereses de los usuarios y la sostenibilidad del sistema. La CNE añadió que las compensaciones automáticas están previstas en la normativa, pero no se financian con cargos explícitos a los clientes.
CIPER, en tanto, respondió reafirmando su investigación: “No sostenemos que exista un ‘cargo específico’ rotulado como fondo de compensaciones. Lo que evidenciamos —a partir de documentos técnicos de la propia CNE— es que existen ítems incluidos en la tarifa que cumplen esa función en la práctica”. El medio de investigación reiteró su crítica a la falta de transparencia en la facturación eléctrica.
La controversia deja en evidencia una brecha entre la interpretación técnica de los reguladores y la percepción pública de los cobros. Mientras la CNE defiende su modelo como una forma de contención tarifaria, el reportaje de CIPER plantea un debate sobre quién debería asumir el costo de las fallas del sistema: las empresas o los usuarios.
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