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Contraloría ordena fin del registro de asistencia de funcionarios en libros de papel en todos los servicios públicos

La Contraloría General de la República instruyó a los organismos públicos a dejar atrás los registros manuales y adoptar sistemas tecnológicos verificables para controlar la asistencia del personal, tras detectar debilidades graves en los métodos basados en papel. Las instituciones tendrán 20 días hábiles para informar su situación actual y deberán implementar mejoras a más tardar en el primer semestre de 2026.

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Este martes 22 de julio, la Contraloría General de la República (CGR) emitió instrucciones obligatorias dirigidas a todos los órganos de la Administración del Estado y demás entidades bajo su fiscalización, con el fin de modernizar y asegurar la integridad del registro de asistencia del personal.

La medida responde a reiteradas observaciones realizadas en auditorías, donde se ha constatado que los sistemas basados en papel —como libros de asistencia y otros formatos físicos— presentan múltiples deficiencias. Según la CGR, estos métodos evidencian “errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas” que afectan su confiabilidad.

En ese sentido, el organismo fue enfático en señalar que tales métodos “no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia”.

Por ello, se instruyó a las entidades públicas a adoptar herramientas tecnológicas que permitan un control eficaz, eficiente y confiable. Entre las opciones mencionadas por la CGR se encuentran tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos como la impresión de huella digital o el reconocimiento facial, softwares en línea y aplicaciones móviles, entre otros mecanismos automatizados.

Además, la Contraloría fijó un plazo de 20 días hábiles para que los organismos informen qué sistemas de registro utilizan actualmente. En caso de no contar con herramientas tecnológicas, deberán comunicar el cronograma de implementación, la cual deberá completarse, a más tardar, durante el primer semestre de 2026.

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