Una acción judicial presentó un grupo de 81 docentes de Río Bueno en contra de la Ilustre Municipalidad de esa comuna, representada por el alcalde Luis Reyes Álvarez, luego de que se les descontaran días de sueldo por haber adherido al paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el 3 de abril de este año.
El recurso de protección, presentado ante la Corte de Apelaciones de Valdivia por el abogado Jaime Benito Gallardo Casanova, alega que los descuentos fueron aplicados de forma arbitraria e ilegal, sin que existiera un procedimiento administrativo que los justificara, afectando de manera directa los derechos fundamentales de los trabajadores.
La presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores de Río Bueno, Nadia Ramírez, confirmó que el pasado viernes se interpuso el recurso debido a estos descuentos. Según indicó, la medida afectó a aproximadamente 140 docentes. “Fue un llamado a paro de la CUT, no del Colegio de Profesores exclusivamente, y lamentablemente los descuentos se hicieron solo a docentes y asistentes. A otros grupos que también se sumaron a la movilización no se les descontó”, recalcó la dirigenta.
Ramírez explicó que el objetivo del recurso es “fijar un precedente” ante lo que calificó como una situación de discriminación. “Aquí se hicieron descuentos sin investigación previa. Solo se preguntó a los directores quiénes faltaron ese día, y a ellos se les descontó, lo que no corresponde”, afirmó. Si bien expresó que la restitución de los montos descontados sería ideal, señaló que lo más relevante es dejar constancia de la vulneración de derechos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
“Los descuentos fueron ejecutados el 31 de mayo bajo la glosa ‘desc. DIA DE PARO’, afectando exclusivamente a docentes del área municipal de educación, sin aplicar la misma medida a otros funcionarios que también se sumaron a la movilización, como trabajadores de salud primaria y jardines VTF”, detalla el escrito presentado por el abogado.
Los docentes argumentan que esta medida constituye una discriminación arbitraria, vulnerando el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución. Además, acusan que se trata de un acto de amedrentamiento laboral que busca inhibir futuras expresiones de protesta social legítima.
El documento jurídico sostiene que “los descuentos practicados carecen de sustento legal y vulneran principios básicos del Derecho Administrativo, tales como la legalidad, la igualdad y la no discriminación arbitraria”, señalando además que se trata de una afectación directa al derecho de propiedad sobre las remuneraciones de los trabajadores, protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución.
El abogado recurrente respalda la acción en tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 151 de la OIT, que garantiza derechos civiles y políticos a los empleados públicos para el ejercicio de la libertad sindical. Asimismo, cita fallos anteriores de la Corte Suprema que han declarado ilegales descuentos similares aplicados sin sumario ni debido proceso.
Finalmente, el recurso solicita a la Corte que declare ilegales y arbitrarios los descuentos aplicados, ordene el reintegro de las sumas descontadas, y condene en costas a la parte recurrida.
