Este viernes 16 de mayo, miembros de comunidades mapuches de Futrono se manifestaron para expresar su rechazo al proyecto inmobiliario que la familia Piñera Morel pretende instalar en Bahía Coique, a orillas del lago Ranco. La marcha comenzó en la plaza 21 de Mayo y culminó frente a la municipalidad, donde los dirigentes entregaron una carta dirigida al alcalde, exigiendo audiencia formal con las autoridades locales y regionales.
El jefe subrogante de la Tenencia de Futrono, suboficial José Vidal Sandoval, informó que “se trató de una marcha no autorizada, aunque igualmente Carabineros dispuso la concurrencia de personal de Control de Orden Público de manera preventiva”.
Durante el acto, se leyó un extenso comunicado donde los manifestantes señalaron que “como pueblo-nación Mapuche, tenemos el deber y el derecho de expresar nuestra opinión frente al proyecto invasivo que pretende ser instaurado en nuestro territorio ancestral”, citando instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El texto remarcó que el proyecto habitacional “atenta contra nuestras formas de vida, nuestras creencias, nuestro bienestar, nuestra espiritualidad y el territorio”. Asimismo, advirtieron que “el impacto en términos ambientales es catastrófico para nuestra salud y seguridad de nuestra gente y nuestro entorno natural”, recordando que comunidades como la de Isla Huapi se abastecen directamente del lago Ranco.
Uno de los puntos más sensibles expuestos fue la cercanía del proyecto a la Piedra Anticura, descrita como “un calendario solar mapuche […] considerado un sitio sagrado para nuestro pueblo”. En ese sentido, denunciaron que el avance de las inmobiliarias provocaría un desastre ambiental en las aguas del Lago Ranco y un desequilibrio de nuestra espiritualidad como pueblo mapuche”.
Además, se extendió una invitación directa al gobernador regional: “Exigimos públicamente la presencia del gobernador del Ranco, Luis Cuvertino Gómez, a quien invitamos a conversar con nuestras autoridades ancestrales”, para buscar soluciones y repensar los modelos de desarrollo desde una perspectiva indígena.
El proyecto inmobiliario en cuestión contempla una inversión de 40 millones de dólares y busca desarrollar 208 viviendas vacacionales entre 2026 y 2033 en más de 18 hectáreas, incluyendo edificios de hasta cinco pisos y casas tipo village, actualmente en proceso de evaluación ambiental ante el SEA.
