El organismo fiscalizador observó una serie de falencias en el uso de recursos públicos, la entrega de beneficios sociales, y la gestión de personal y bienes municipales durante la administración encabezada por la alcaldesa Carolina Silva.
El informe detalla debilidades estructurales en el control interno del municipio, como la ausencia de procedimientos formales para regular la entrega de transferencias a organizaciones privadas, lo que permite discrecionalidad en los montos otorgados y en los requisitos exigidos a los beneficiarios.
Entre las observaciones más relevantes, se encuentra el pago de horas extraordinarias sin la documentación adecuada que acredite su realización efectiva. También se identificaron horarios laborales especiales otorgados sin justificación técnica ni respaldo formal, lo que podría traducirse en pagos indebidos a funcionarios municipales.
En cuanto al uso de vehículos fiscales, se detectaron cargas de combustible realizadas fuera de horario laboral, en días inhábiles o incluso en otras comunas, sin justificación de los desplazamientos. En algunos casos, el conductor asignado al vehículo no se encontraba desempeñando funciones al momento de la carga.
El informe también advierte problemas en la entrega de ayudas sociales y becas estudiantiles, las cuales fueron otorgadas sin cumplir los requisitos formales establecidos, como la presentación de certificados de estudios. A esto se suma la falta de criterios objetivos y procedimientos escritos para asignar estos beneficios, lo que vulnera los principios de transparencia y equidad.
Otro de los puntos cuestionados fue el uso reiterado de la imagen de la alcaldesa Carolina Silva en redes sociales y publicaciones oficiales del municipio, especialmente en un año electoral. La Contraloría recordó que el uso de la imagen personal en plataformas institucionales puede configurar una infracción al principio de probidad administrativa, particularmente en contextos eleccionarios.
En materia financiera, el informe reveló compras efectuadas sin cumplir las exigencias legales de cotización, órdenes de compra emitidas con posterioridad a la prestación del servicio, cuentas bancarias inactivas que no fueron cerradas, y conciliaciones bancarias sin respaldo documental.
La Contraloría instruyó a la Municipalidad de Río Bueno a subsanar un total de 32 observaciones, entre ellas, justificar más de $160 millones en gastos sin respaldo, exigir la rendición de cuentas a organizaciones beneficiadas con transferencias, y formalizar criterios de asignación de ayudas sociales. El municipio cuenta con un plazo de 60 días hábiles para adoptar las medidas correctivas correspondientes.
Revisa el informe completo a continuación:
