Una de las primeras observaciones del informe alude a la existencia de 391 registros incompletos de asistencia, en que funcionarios municipales no marcaron ingreso y/o salida, “impidiendo validar el cumplimiento efectivo de aquellas”. Esta omisión transgrede los artículos 58 y 62 de la Ley N° 18.883.
También se detectó la suscripción de 18 convenios con personal a honorarios que realizaban labores propias y permanentes del servicio, lo cual infringe el artículo 4° de la misma norma y diversos dictámenes de la Contraloría. A ello se suma que 21 trabajadores a honorarios recibieron pagos adicionales por trabajos no contemplados en sus contratos, por montos entre $210.000 y $245.000, lo que vulnera el Decreto Ley N° 1.263 y la Ley N° 18.575.
En relación con contrataciones de servicios, el informe revela que el municipio firmó un trato directo con la empresa Verde Sur SPA por $138.092.474 mensuales, sin acreditar la metodología utilizada para establecer dicho monto. Además, dentro de ese pago se incluyeron indemnizaciones correspondientes a una empresa distinta, Aseo y Ornato JG SPA, lo que infringe los principios de eficiencia y control. Esta última empresa, por su parte, tampoco entregó la garantía exigida por las bases de licitación y su contrato fue terminado anticipadamente sin seguir el procedimiento estipulado.
Otro aspecto crítico del informe corresponde a las cargas de combustible: se constataron 4 cargas en fines de semana y 6 fuera de la comuna de Los Lagos, sin documentación que las justificara. Además, se registraron cargas fuera de horario y durante periodos en que los conductores se encontraban con permiso o feriado.
El informe también evidencia un “uso reiterado de la imagen y nombre del exalcalde de Los Lagos” en redes sociales institucionales, lo que podría constituir una infracción a la normativa sobre uso de recursos con fines personales o electorales.
En el ámbito de los viajes, se detectó que la Municipalidad desembolsó $1.049.992 para trasladar a dos concejales a la celebración del aniversario de la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, sin acreditar beneficios para la comunidad. Otro viaje a San Martín de Los Andes por $1.026.532, para participar en una actividad de turismo público-privado, también careció de documentación que justificara su pertinencia.
Respecto de los controles internos, se advirtió que el reglamento interno municipal no refleja la estructura organizacional real y que funciones asignadas formalmente no se ejecutan conforme al reglamento vigente. Asimismo, se encontraron bitácoras vehiculares incompletas o no revisadas, y diferencias contables de más de $46 millones en conciliaciones bancarias.
También se advirtió la entrega de subvenciones a instituciones como el Club Deportivo Collilelfu y el Centro de Padres de la Escuela Nueva España sin evaluación previa ni justificación objetiva, y se observó el uso de un instructivo interno derogado desde 2021 para la entrega de ayudas sociales.
Adicionalmente, se verificaron pagos a proveedores fuera del plazo legal de 30 días; desembolsos por multas por atraso en permisos de circulación; ausencia de recepción conforme de facturas electrónicas; e inconsistencias en el pago de horas extraordinarias.
Finalmente, se constató que 36 contratos a honorarios carecen de la cláusula de inhabilidades administrativas exigida por los artículos 54, 55 y 56 de la Ley N° 18.575, lo que expone a la administración a potenciales conflictos de interés.
Ante todos estos hechos, la Contraloría instruyó que “se remitan los antecedentes al Ministerio Público” y se inicie “un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, derivadas de los hechos expuestos”.
Revisa el informe completo a continuación:
