Durante este miércoles representantes de las comunidades indígenas de la comuna de La Unión, ofrecieron un punto de prensa para hacer público su malestar por las declaraciones del alcalde Andrés Reinoso, quien lamentó no poder avanzar con la construcción del hospital de manera paralela al proceso de consulta indígena que exigen las comunidades.
Luis Llanquilef explicó que tras la reciente convocatoria junto a representantes del gobierno y del municipio, se acordó realizar un punto de prensa par este jueves, pero se tuvo que adelantar ante las declaraciones emitidas por el jefe comunal. “Nos quedó claro que teníamos que clarificar las cosas porque ante la opinión pública estamos quedando como inflexibles”, afirmó Llanquilef. Detalló que durante la reunión se acordó que, una vez se autorice la consulta indígena, se aplicaría el Convenio 169 y su Decreto Supremo 66, que permitiría avanzar en el proyecto del hospital de manera más rápida.
El lonko también describió las etapas del proceso de consulta indígena, destacando las reuniones preliminares, la construcción de un acuerdo metodológico, la deliberación interna de las comunidades, y la sistematización de los resultados como partes fundamentales del proceso.
Por su parte, Marcos González criticó duramente al alcalde por sus declaraciones y lo acusó de no informar adecuadamente a la comunidad y aprovechar la situación políticamente, Además, sostuvo que el municipio tiene todas las facultades legales para realizar la consulta indígena, sugiriendo que podría ser completada en aproximadamente siete meses si se maneja adecuadamente.
González también hizo hincapié en la importancia de la consulta indígena para decidir sobre los hallazgos arqueológicos, enfatizando que estos no deben terminar en un museo, sino ser manejados de acuerdo con las tradiciones espirituales mapuche.
Tanto Llanquilef como González hicieron énfasis en que el proceso de consulta indígena no solo es un derecho de las comunidades sino también una obligación legal según la legislación chilena, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, insistiendo en la necesidad de cumplir con estas leyes para asegurar que los proyectos de desarrollo respeten los derechos y tradiciones de los pueblos originarios.
También se le consultó a Luis Llanquilef sobre la posibilidad de más hallazgos arqueológicos en el futuro, y cómo se procedería en tal caso para evitar más retrasos, una cuestión clave para la continuidad de la construcción del hospital, ante lo cual explicó que el proceso de consulta indígena debe establecer claramente cómo se manejarán dichos hallazgos, sugiriendo que se delimitará un perímetro específico para la construcción que evitaría futuras interrupciones. Según explica, la idea es garantizar que cualquier nuevo descubrimiento dentro de este perímetro ya esté contemplado y gestionado dentro del acuerdo de consulta, proporcionando así un marco legal y organizativo para proteger tanto el patrimonio cultural como el progreso de las obras.
En el punto de prensa, también se consultó sobre los costos asociados al proceso de consulta indígena, pero no se proporcionaron cifras específicas, y se sugirió que manejar el proceso a través del municipio, con el apoyo del Gobierno Regional, podría resultar en un procedimiento más coste-efectivo y rápido.
Marcos González destacó que, comparado con el enfoque estatal tradicional que podría tomar años y ser más costoso debido a la burocracia, un proceso gestionado localmente podría completarse en apenas unos meses.
