Federico Casanello
Decano Facultad Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Universidad San Sebastián
En la previa de la Cuenta Pública, hay diversas expectativas en áreas sensibles como transporte, ciudad, medio ambiente y recursos hídricos. El año pasado hubo buenas noticias en transporte, como el fortalecimiento del desarrollo ferroviario y el mejoramiento de la infraestructura vial del transporte público en regiones, pero es insuficiente.
Las regiones han sido olvidadas históricamente en el transporte público y la mayor parte de las capitales regionales tienen sistemas muy precarios. Por lo mismo, el mandatario tiene una oportunidad única para fortalecerlo a través de un plan de largo plazo que incorpore modos de alto estándar (buses eléctricos con estaciones o tranvías) y la integración tarifaria del sistema. Es evidente que esto no puede implementarse en un período, pero es fundamental planificarlo y que durante su gestión se comience a ejecutar en, al menos, una capital regional.
Es relevante que la ciudad siga siendo el centro de preocupación y acción del Gobierno, ya que la calidad de vida de todos tiene su principal devenir en este lugar. Se ha avanzado con emblemáticos espacios públicos en diferentes ciudades del país, pero se requiere incorporar más y nuevos espacios públicos, integrando elementos naturales como humedales, quebradas y laderas con sus servicios ecosistémicos como medida central para dar mayor resiliencia a la ciudad.
El alto déficit de viviendas también debe abordarse como eje clave; para esto es necesario robustecer el banco de suelos para lograr más y mejores ubicaciones dentro de la ciudad y así lograr viviendas conectadas a las redes de oportunidades. Por otro lado, acelerar la construcción de viviendas con diferentes formatos y actores es una oportunidad y necesidad, que debe ir en sintonía con la consolidación de barrios con equipamiento, servicios y espacios públicos de calidad, para lograr ciudades más equilibradas y justas, con barrios seguros, amables y a escala humana.
En medio ambiente, Chile ha asumido compromisos para alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050. Si bien se ha reconocido la importancia de la electromovilidad y la transición energética para lograr esta meta, falta establecer acciones e incentivos concretos para estos primeros años de gobierno. En un contexto climático adverso, acelerar el proceso de descarbonización de la matriz energética es un paso urgente, de lo contrario, los costos asociados a la mitigación de sus efectos podrían ser incluso mayores para nuestro país.
Finalmente, la ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) plantea un gran desafío para los Comités de Agua Potable Rural (APR), ya que impone medidas y obligaciones en función de la transparencia, eficiencia y, sobre todo, sustentabilidad del recurso hídrico. Las brechas para su implementación son grandes y es un desafío país impulsar a los APR a adquirir las habilidades necesarias y aplicarlas, para convertirse en SSR.
