Columna de Opinión

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Opinión: Agresiones a alumnas del Barrio Universitario

Por Mauricio Córdova
Psicólogo y académico Trabajo Social UCEN

Ante las denuncias de agresiones, acoso e intentos de secuestro de las que han sido víctimas estudiantes del barrio universitario de Santiago, especialmente mujeres, surge la necesidad de la comunidad en su conjunto, y especialmente de la comunidad universitaria, de implementar acciones de prevención, denuncia e instancias de acompañamiento que suponen contención a las víctimas de estas agresiones.

La incertidumbre con la que viven estudiantes al transitar por lugares en los cuales, eventualmente, pueden ser víctimas de todo tipo de agresiones, desde ataques verbales hasta agresiones físicas y sexuales, produce -en la mayoría de los casos- ansiedad y angustia, manifestada en las múltiples dimensiones del funcionamiento de las personas: física, mental y social.

En el ámbito de la salud mental destaca la sensación de vulnerabilidad, la recurrencia de recuerdos vividos y frecuentes del hecho traumático, alteraciones en el sueño, el apetito, desánimo, alteración de la memoria, verbalizaciones negativas sobre sí mismos, evitación de espacios en los que ocurrió la agresión, afectando notablemente su desenvolvimiento cotidiano en lo social, familiar y académico, llegando incluso a sufrir un trastorno por estrés postraumático. Quien lo sufre debe recibir apoyo psicoterapéutico para poder recuperar su cotidianeidad.

Es fundamental instaurar espacios de conversación en la comunidad universitaria, de apoyo y acompañamiento sobre el tema, compartir experiencias, escuchar temores, aprensiones y percepciones sobre lo que deben enfrentar en lo cotidiano, lo que produce efectos terapéuticos, no sólo individuales sino comunitarios.

Frente a esas graves situaciones que están viviendo estudiantes, es generar instancias de cuidado y autocuidado de las estudiantes, como por ejemplo, transitar en grupo en aquellos espacios susceptibles de ser agredidas; establecer reuniones de coordinación con autoridades locales, policiales y de transporte público; aumentar la presencia policial y de seguridad, que pueda generar un efecto disuasivo en los agresores; favorecer instancias de conversación, promover espacios de contención y apoyo y, por sobre todo, educar en violencia para que hagan valer el derecho a vivir, estudiar y desarrollarse en un ambiente libre de agresiones. La tarea es de todos, porque éste es un problema colectivo.

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