El dictamen tiene como objetivo limitar este tipo de contratación por lo que trabajadores públicos a honorarios pasarán de forma gradual a contrata.

Este martes 10 de enero, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen con respecto a trabajadores de organismos de la Administración del Estado, donde limita la contratación a honorarios a casos excepcionales, informando que el personal contratado bajo esta modalidad deberá pasar a contrata de forma gradual.

El argumento de esta importante resolución recae en la “sobreutilización” de este método de contratación en la Administración Pública, lo que deriva en una “desprotección laboral de quienes prestan servicios en condiciones de permanencia y sujetos al mismo vínculo de jerarquía que los funcionarios de planta y contrata”, señala el escrito.

Esta nueva norma solo aplicará, durante este año, para las nuevas contrataciones, debido a que se considera que los presupuestos para el año 2022 ya están vigentes y la programación de contratos a honorarios ya fue programada. Sin embargo, para enero de 2023 debe ser aplicada en plenitud.

¿Quiénes sí podrán ser contratados a honorarios?

En su dictamen, la Contraloría determina que esta modalidad podrá ser usada en casos de “colaboradores independientes que prestan servicios de apoyo a la función pública con ocasión de una situación acotada de tiempo”. Se trata, por ejemplo, de asesorías externas, funciones en gabinete, personas que realizan funciones por un tiempo acotado como profesores visitantes en universidades, encuestadores, expositores, etc.

“En tanto, las personas que prestan servicios en calidad de honorarios que cuenten con confianza legítima, es decir, con renovaciones que alcancen más de dos años al 31 de diciembre de 2022, no podrán volver a ser contratados en esa condición y deberán ser designados a contrata, aplicándose el régimen de la confianza legítima”, indica el dictamen.

Para ello, el organismo fija como fecha el 1 de enero de 2023 para que la autoridad administrativa proceda a su designación a contrata o, en el caso contrario, a más tardar el 31 de diciembre de 2022 para informar que estima que las labores del trabajador a honorarios no son necesarias para la Administración, explicando los motivos de la no designación a contrata.