La familia insiste en un peritaje técnico independiente, supervisado por una mesa de diálogo territorial, que permita demarcar la propiedad de Raulintal.
En una carta dirigida a Felipe San Martín Schroder y Juan Ricardo San Martín Urrejola, propietarios de la Agrícola Pichi-Pehuen, la familia Henríquez-Vivanco, que tiene 73 años de historia viviendo en el sector Los Alerzales de La Unión, respondió a la última propuesta que hicieran desde la reserva para terminar con el conflicto que mantienen, y evitar el desalojo de Nancy Henríquez Vivanco.
En el documento, la familia señala a los proponentes que, si bien valoran la propuesta y ven parte de ella como un avance a la solución del conflicto, que califican como social, territorial y con implicancias para la conservación de la naturaleza, «para nosotros la amenaza del desalojo excepcional durante pandemia, gestionado por ustedes ante la Corte, permanece latente”.
En el documento, explican que “lo que buscamos en Bienes Nacionales, y ante lo cual ustedes se opusieron, ha sido regularizar con un título de propiedad nuestra tenencia histórica de la tierra donde nos asentamos en Los Alerzales desde mediados de la década de 1940, ubicada fuera y al norte del predio Raulintal de 2.000 hectáreas, que desde 2013 es propiedad de ustedes sin delimitación clara ni cercado en la mayor parte de su perímetro”.
Asimismo, aseguran que las dos hectáreas propuestas para entrega con título de propiedad «están emplazadas en el terreno de la familia Miranda y no en el predio Raulintal y, además, no tienen agua ni descampe habitable. Esto, claramente demuestra la necesidad de un estudio técnico para solucionar en forma definitiva el problema limítrofe territorial”.
En tal sentido, reafirman su contrapropuesta, entregada en mayo de 2021, donde solicitan la realización de un peritaje técnico por un equipo perito geomensor profesional, supervisado por una mesa de diálogo, para determinar los límites entre el terreno que habitan y la reserva Raulintal. «Consideramos que esta es la solución más obvia y definitiva para este problema”, puntualizan.
Respecto al reconocimiento al aporte de la familia a la conservación del sector, manifiestan que “el legado histórico de la familia Henríquez-Vivanco, asociado con el resguardo de los alerzales es ampliamente reconocido a nivel comunal, regional y más allá. En reconocimiento de esta labor al cuidado de la naturaleza, de los bosques de alerce y del legado cultural alercero es que las comunidades del territorio entre Llancacura, Mashue, Pilpilkahuín y La Unión, declararon a la familia Henríquez-Vivanco como patrimonio cultural del territorio en el encuentro masivo y DECLARACIÓN DE MIRAFLORES del 23 de diciembre de 2020”.
Por ello, en relación a la propuesta de la creación de un museo y centro de investigación, señalan que esta iniciativa se ha impulsado desde la propia familia junto a las comunidades “que nos reconocen como patrimonio del territorio e investigadores científicos, instituciones y organizaciones con reconocida trayectoria en la conservación de la naturaleza, con quienes tenemos una relación histórica de trabajo apoyando sus mediciones y experimentos que hoy en día forman la base de lo que la sociedad conoce de los bosques de alerce. Esto incluye plantaciones de alerce en nuestra zona de asentamiento, la medición continua para proyectos de investigación en curso por la Sra. Nancy Henríquez y el trabajo de distintos miembros de nuestra familia con varias generaciones de investigadores de la Universidad Austral y otras universidades del país y el extranjero, desde la década de 1980”, afirman.
La familia Henríquez también aclara que existe documentación, informes y fotografías que respaldan esto, y también “pueden dar fe los investigadores involucrados y diversos profesionales del país que firmaron una declaración de apoyo a nuestra familia en este conflicto”, sostienen.
Respecto al encuentro de una solución definitiva al conflicto, expresan que, “en el escenario actual, en este momento tan difícil y desgastante para la familia a causa de las acciones legales y presión interpuestas por ustedes y sus asociados desde el 2016 a través de su empresa Raulintal, no es oportuna esta parte de su propuesta, donde temas tan delicados que definirán nuestra futura convivencia en el territorio aún tienen que ser zanjados y resueltos”.
El documento concluye señalando que, “se valora el avance hacia una solución de este largo y agudo conflicto, pero su propuesta contiene un ofrecimiento de título de propiedad en una superficie de dos hectáreas fuera de nuestro lugar de asentamiento histórico y que se encuentran emplazadas en la propiedad de un vecino y no en su fundo Raulintal. Esto evidencia la verdadera necesidad de un peritaje técnico para el establecimiento objetivo de los límites prediales de acuerdo a las escrituras y planos oficiales. Por esta razón, nuestra propuesta es que la resolución de este conflicto socio-territorial se haga sobre la base de un peritaje técnico independiente supervisado por una mesa de diálogo territorial”.
El documento aparece firmado por la familia Henríquez-Vivanco segunda, tercera y cuarta generaciones.
