INSERCIÓN CONTRATADA – ELECCIONES 2021
Por María Angélica Fernández
Candidata Convención Constituyente Distrito 24
Chile cuenta con más de 4 mil kilómetros de costa, como pocos países en el mundo, donde no solo encontramos una diversidad de ambientes y climas, sino también estereotipos sociales y culturales que caracterizan los territorios. Esta diversidad marca también la actividad pesquera, donde el recurso marítimo es más abundante o escaso según la zona geográfica, y son los pescadores artesanales quienes deben luchas día a día por mantener a flote esta actividad y el bienestar de sus familias.
También, se visualiza que entre una u otra región la extracción del recurso es distinta, lo cual se debe principalmente a que existen limitaciones de todo tipo. Esto lleva a nuestros pescadores artesanales a realizar un tremendo esfuerzo y despliegue, para lograr, muchas veces, una modesta extracción que les permita subsistir.
Actualmente el Estado ha intervenido sin mayor cautela, en normar la extracción del producto marino, y lo hace para evitar la explotación desmedida del recurso, como también aspirando a producir equidad entre los involucrados. Sin embargo, no siempre las decisiones verticales terminan siendo justas para los trabajadores artesanales del mar, por cuanto se exime de la discusión a los principales involucrados; y también se termina legislando para las ciudades costeras de mayor tamaño dedicadas al rubro, sin considerar las desventajas de los más pequeños disgregados en gran parte de la costa chilena.
En este sentido, la nueva Carta Fundamental debe abrir espacios en términos de incluir en su texto la posibilidad de que las decisiones sean consensuadas entre el Estado y los actores relevantes que trabajan día a día en el mar. La idea es que la Constitución asegure que las leyes para este sector promuevan el desarrollo de una pesca artesanal, de acuerdo a las necesidades de cada espacio marítimo distinto.
El ideal es que las leyes que rigen nuestro territorio marítimo y su explotación sustentable, antes de ser discutida en el Parlamento y se transforme en ley de la República, debe ser socializada, analizada y consensuada con la sociedad civil involucrada. Al no ser así, se corre el grave riesgo de transformarse en una normativa injusta, impuesta y que transgreda el sentir democrático de una nación que aspira mirar un futuro con más optimismo.
Lo que buscamos en este histórico proceso, es concretar un Estado al servicio de las personas.
