Sorpresa entre dirigentes de la comuna de Lago Ranco causaron las declaraciones del gobernador provincial, Alonso Pérez de Arce, en relación al desalojo de la ocupación ilegal de un bien nacional de uso público en el sector de Quillín.
El domingo recién pasado, la Gobernación Provincial del Ranco emitió un comunicado que señalaba que “recibimos el día 18 de mayo una solicitud de La Armada, la cual hacía referencia a un desalojo de unas obras en el sector Quillín. Oficiamos nuevamente, ya que dicha solicitud no cuenta con un expediente o respaldo jurídico que justifique dicha solicitud».
«Por ende, tampoco tenemos conocimiento si se aplicó lo establecido en el artículo 91 del decreto supremo número 9, de Concesiones Marítimas del año 2018, es por eso por lo que solicitamos a La Armada para que nos entreguen todos los antecedentes y respaldos necesarios que justifiquen dicha solicitud, para poder fallar en este caso”.
Desde Lago Ranco, el dirigente social Eduardo Calisto indicó que “nos sorprenden las declaraciones del gobernador, ya que el mismo vino a terreno a fiscalizar las obras que se estaban desarrollando, y se pudo constatar que estas no contaban con ningún permiso y menos poseían una concesión marítima vigente o caducada”.
“Más sorprenden cuando fue el propio gobernador quien el 28 de abril encabezó una reunión de coordinación con La Armada de Chile para la fiscalización de concesiones marítimas”
