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Opinión: Colisión entre lo decretado y la necesidad

La cuarentena obligatoria para mayores de 75 años en todo Chile anunciada por el Gobierno tras el reporte de cifra récord de contagios de Covid-19, abarca a más de un millón personas.

Por Iván Flores García
Diputado de la República

La encuesta Casen 2017 proyectó que en 2020 habrían 1.017.950 adultos mayores en Chile con 75 años o más, de los cuales 183.467 viven solos. Si toda persona de 75 años o más debe guardar una cuarentena obligatoria, hemos de suponer que se dispondrán de todas las estrategias sanitarias y sociales para que estas personas no entren en contacto con alguien que pudiera contagiarlos, pero además, asegurar sus condiciones de seguridad y alimentación.

Por ello, nace la siguiente pregunta ¿cómo los mayores de 75 años van a cobrar su pensión si en todo el país se decretó su cuarentena y la gran mayoría de ellos no manejan la tecnología virtual? Para otros podrá ser algo básico como el cajero automático; pero para adultos mayores, especialmente de zonas rurales, que no se manejan con la tecnología digital y están acostumbrados a cobrar su pensión el “día de pago” en la sede que dispone para ello y recibir su “platita”, pregunto: ¿si están en cuarentena cómo lo van a hacer?

Aquí hay dos caras de la moneda, una razonable que determina la autoridad sanitaria con esta cuarentena obligatoria y otra, penosa pero que es la realidad que viven día a día los adultos mayores cada vez que tienen que ir a cobrar su pensión, comprar medicamentos, alimentación, o pagar sus consumos básicos.

Sabemos que la dirección del IPS de la región está intentando mejorar las condiciones del lugar de pago, pero es un problema real esta colisión de circunstancias entre la cuarentena a mayores de 75 en todo Chile, v/s la necesidad de que ellos deban hacer sus trámites presencialmente por estar solos.

Por esta razón es importante hacer un llamado a la solidaridad. Si hay alguna persona o vecinos que pueda ayudar tanto en compras en el supermercado, como en la farmacia; es un imperativo ético y solidario. También, es deber del Gobierno coordinar acciones para que instrucciones como estas no colisionen entre si y entreguen todo lo necesario para que los mayores no sufran las consecuencias de una decisión tomada sin las medidas complementarias para el cumplimiento. En muchos casos la pensión es lo único que les queda.

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