Por Eduardo Calisto
Dirigente Social Lago Ranco
Al mismo tiempo, La Armada dio a conocer un oficio que dispone el desalojo de la playa que se encuentra ocupada y donde se estaba construyendo un muro y una rampa, sin embargo, más allá de las consideraciones administrativas, la ejecución de esta medida le corresponde a la Gobernación Provincial del Ranco, la que debe utilizar si fuese necesario el auxilio de la fuerza pública. Por donde se le mire es una excelente noticia, pero ¿cuántas veces hemos leído el mismo titular? ¿Cuántas veces hemos visto el paso raudo fiscalizador de las autoridades de turno?.
Si La Armada va y fiscaliza, y nos da la razón; si bienes nacionales se apersona con su máxima autoridad regional y certifica lo anterior; y si el gobernador Pérez de Arce se constituye en el lugar para corroborar que efectivamente se trata de un abuso intolerable, ¿por qué la Gobernación manifiesta que aún no ha sido notificada?.
Con la declaración pública de la Gobernación se me vinieron muchas interrogantes a la cabeza, como por ejemplo, ¿qué ha pasado en términos concretos con casos similares en el pasado? ¿al gobernador después de fiscalizar y sacarse fotos le habrán avisado por escrito de lo sucedido para que desalojen los terrenos ocupados ilegalmente? ¿desalojaron los terrenos de todos los infractores anteriores?. Estas interrogantes deberían ser clarificadas por la máxima autoridad provincial.
En la misma declaración indican que “una vez notificados resolveremos de acuerdo con lo establecido en nuestra legislación, aplicando el mejor criterio posible para tener una resolución de este conflicto”. ¿En serio?. Los hechos en este caso son irrefutables, no hay conflicto por resolver ni criterios que adecuar señor gobernador, aquí la solución es una sola: La demolición de lo que estaba construido y el desalojo del terreno fiscal. Que alguien le avise al Gobernador, por favor.
